Una rigurosidad que se aplica a la carta. En los más de una decena de juicios políticos que ha tramitado la Asamblea Nacional desde su posesión, en mayo de 2017, la actitud de los legisladores ha variado dependiendo del fiscalizado. Con la exministra María Paula Romo, 104 se mostraron severos.

No sucedió lo mismo con el exvicepresidente Jorge Glas, cuando los casos de corrupción lo cercaban y en el Legislativo se pedía, desde algunos sectores, su censura y destitución estando aún en el cargo. La acusación fue que en la Comisión de Fiscalización, dirigida entonces por María José Carrión, se dilató el proceso.

Cuando Glas dejó la Vicepresidencia, en medio de un proceso por asociación ilícita, Carrión aseguró que esa instancia legislativa perdió competencia para llevarlo a un juicio político y así se lo hizo saber al entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y el caso quedó archivado. El martes pasado, Carrión y Serrano votaron por la censura y destitución de Romo.

Con quien también hubo una actitud condescendiente fue con la excanciller del anterior y el actual Gobierno, María Fernanda Espinosa, que incluso llegó a enviar una carta al presidente César Litardo, sugiriendo la fecha en la que se debería realizar el juicio político en su contra que, pese al rechazo de varios bloques, fue fijado para el 5 de junio de 2019, como lo había solicitado. Finalmente, no fue censurada con la ayuda del bloque de la Revolución Ciudadana.

Romo no sugirió fechas pero sí pidió que el proceso en su contra se desarrolle de forma presencial para poder enfrentar a sus interpelantes. El pedido no pasó ni en la Comisión de Fiscalización, con Elio Peña a cargo, y tampoco en la sesión del pleno en la que se la censuró y destituyó, el martes.

¿Qué otros procesos no prosperaron? La lista no es corta y los que se “salvaron” casi siempre fueron funcionarios y exfuncionarios vinculados a la década pasada. Pese a las pruebas “devastadoras” que decía tener el asambleísta Raúl Tello en contra del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, para ser llevado hacia la censura y destitución, el proceso quedó en el limbo en la Comisión de Fiscalización.

Suertes similares tuvieron los pedidos de juicio político en contra del exministro del actual gobierno, Carlos de la Torre, por el traslado a la cuenta del tesoro de $ 300 millones del fondo destinado a los afectados del terremoto de Esmeraldas y Manabí en 2016. En el limbo también quedó, en 2018, el posible juicio político del entonces superintendente de Bancos, Christian Cruz.    

Censuras

Sin mucho espacio para dejar que los casos ‘mueran’ en la Comisión de Fiscalización o en el pleno, la Asamblea Nacional se vio obligada a censurar en este periodo al excontralor del Estado, Carlos Pólit; al exfiscal general, Carlos Baca Mancheno; y al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

Celeridad

A diferencia de otros casos, el Legislativo mostró celeridad en el proceso de censura y destitución del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea. Algo similar aconteció cuando se trató del juicio político a José Carlos Tuárez y otros tres integrantes del Consejo.

Interés

La Asamblea Nacional tiene en carpeta el trámite de cinco pedidos de juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez que, al igual que en el caso de Romo, cuenta con el interés particular de las bancadas de la Revolución Ciudadana, PSC y Pachakutik.