El Ministerio de Turismo, Secretaría de Derechos Humanos, Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Telecomunicaciones, entre otras entidades públicas, tienen su código de ética. No obstante, ¿estos son aplicados? ¿Qué tiempo deben durar? ¿En realidad funcionan?

El año pasado, el 19 de diciembre, la Función Ejecutiva tuvo un nuevo código de ética tras la derogación del reglamento interno que el anterior mandatario, Guillermo Lasso, había expedido. Sin embargo, la vida de la nueva normativa fue corta. A los 23 días del mes pasado, el presidente Daniel Noboa lo suprimió sin ninguna justificación.

Por otro lado, la Función Judicial nuevamente prepara otro código de ética y buenas prácticas que rija a quienes imparten justicia. Esto, luego de que varios de sus funcionarios hayan sido involucrados en los presuntos delitos de delincuencia organizada, en los casos que la Fiscalía General del Estado investiga: Metástasis y Purga.

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Pero esta no es la primera vez que la Función Judicial elabora un nuevo reglamento interno o lo modifica. Ya lo hizo, en 2014, 2016, 2018 y en 2021. A criterio de Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, el “que tengamos que reformar normas a cada momento habla mal de la sociedad como tal”, ya que ninguna norma es perfecta.

Aun así, una cosa es que esté vigente y otra cosa que sea eficaz y se practique, expresa Christian Quimí, abogado constitucionalista, experto en gobernanza y gobernabilidad, y docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Y justamente por eso, porque “la sociedad no acata la norma que ya tenemos” y debido a eso es que se dan esos cambios o reformas, indica el jurista López.

Es por esto por lo que ahora hay escándalos que sobrepasan nuestra imaginación y “no son solo uno, son varios a la vez”, subraya López. Pero el problema, a su criterio, radica en la aplicación -por parte de la autoridad administrativa- y el acatamiento -de los funcionarios públicos- de los códigos de ética. Esto porque “la autoridad no aplica el código de ética, sino que aplica excepciones a la norma y el funcionario siempre busca la manera de evadirlos”.

Aunque el actual código de ética se basa en procesos de imparcialidad y de cero corrupciones, la corrupción está dentro del sistema y es el pan diario de cada día, afirma Richard Celi, abogado y funcionario público. Esto, debido a que la norma ha quedado en letra muerta.

Por esto, López sostiene que, aunque se cree el mejor código de ética no se lo va a cumplir, porque el problema es la persona. Esto, lo que refleja es una crisis de valores que viene desde las escuelas, colegios y universidades, porque no se sanciona al estudiante cuando incumple las normas; de esta manera, al ejercer la profesión sobreentiende que no será penado.

Celi comenta que muchas personas dentro de la Función Judicial tienen sobrecarga laboral y no son justamente remunerados. Varios suelen tener 10.000 casos y sus sueldos no superan los $ 1.200. Es por esto, aunque no lo justifica, que varios señalan que se sienten tentados a ser coimeados.

A esto se suma las condiciones laborales en la que labora el personal que trabaja en la región Costa; las estructuras están deterioradas, carecen de servicios higiénicos y muchos despachos no cuentan con un sistema de aire acondicionado. Aunque el actual código les indica que no pueden recibir dádivas por parte de nadie, hay personas que han donado un ventilador porque ni ellos aguantan el calor.

Justamente por nuestra realidad, menciona Quimí, es que se necesita de un código de ética actualizado que demande. Además, de que se realice un control a los servidores públicos actuales, ya que muchos tienen una tarifa para formular o no cargos, para dar o no la prisión preventiva, para la acusación fiscal, en el lado de la Fiscalía, denuncia.

Así también para sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Esta última es la más cara porque hay tres jueces; “a tres jueces hay que sobornar”, denuncia Quimí.

Sin embargo, a criterio de López, ninguna norma va a hacer que los funcionarios sean correctos; “el que tiene que ser correcto es el funcionario desde el inicio”. Pero tampoco tiene sentido que se deroguen códigos de ética sino mandatos de conducta de los funcionarios; aunque esto suele darse, explica el jurista, porque se hacen normas a conveniencia y, dos meses después, esas mismas normas dejan de convenirle.

Es por esto por lo que Celi señala que junto con la normativa tiene que realizarse un plan integral, en donde también el Estado invierta en mejorar la Función Judicial. Además de que se contrate más personal: jueces y fiscales.

Además, que se implementen las denuncias anónimas, sugiere Quimí; pero no solo que se aplique de manera directa una sanción, sino que también se realice una investigación. También se aplique un examen imparcial a los jueces, donde se evalúe rígidamente sus fallos, si varían en casos con similares características y por qué.

En otros países, cuando un funcionario tiene pequeñas fallas se le acabó para siempre su carrera en la función pública, expone López. “Aquí no solo que no son separados, sino que después son ascendidos y son referentes de ética por la opinión pública, creando un círculo vicioso que no va a terminar”.

López recomienda que la Función Judicial haga un barrido y aplique sanciones pecuniarias y penales a jueces y juezas que no son éticos; “vamos a ver si los que vienen no son éticos”.

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