Trabajadores exigen a la Corte medidas cautelares contra ley que provoca despidos
Integrantes de la Ceosl organizaron un plantón; exigen que se precautelen los derechos laborales
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) solicitó a la Corte Constitucional que emita medidas cautelares para frenar los efectos de la Ley de Integridad Pública, norma que, según los trabajadores, ha provocado miles de despidos en el sector público. Durante un plantón frente a la Corte, exigieron que se respeten los derechos laborales y advirtieron que la ley fue aprobada sin participación ciudadana.
Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), acudió a la Corte Constitucional, en el norte de Quito. Lo hizo, el jueves 31 de julio del 2025, junto a un grupo de trabajadores. Con vuvuzela, banderas y con tambores, los trabajadores hicieron un plantón simbólico, frente a las oficinas de la Corte Constitucional. Se enteraron que sesionaba, dijeron. Y buscan que atienda sus pedidos.
El 15 de julio, Marcela Arellano presentó a nombre de la Ceosl, la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Otras organizaciones, como la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep) demandan la inconstitucionalidad de esa norma.
También organizaciones políticas, como Unidad Popular, con sus representantes Giovanni Atarihuana y Natasha Rojas, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, los primeros días de julio.
La Ceosl pide que se emitan medidas cautelares
"Cautelar es urgente, derechos presente", decían los trabajadores, con banderas de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), acudió a la Corte Constitucional (Ceosl). Marcela Arellano señaló que las medidas cautelares son urgentes sobre la Ley de Integridad Pública.
"Está siendo aplicada ilegalmente y está dejando sin trabajo y sin protección a miles de trabajadores del sector público. Habíamos advertido que esta y otras leyes fueron aprobadas sin participación ciudadana y no resolverán los problemas como pobreza, inseguridad, no hay servicios públicos de calidad, no se atiende a la población", dijo Arellano.
La dirigente resaltó que desde la Ceosl demandan que la Corte se siga colocando del lado de la Constitución y obviamente emita medidas cautelares correspondientes.
Dirigentes de organizaciones como la Ceosl y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anticiparon que la Ley de Integridad Pública (vigente desde el 26 de junio) daría lugar a despidos. El 24 de julio, el Gobierno de Daniel Noboa anunció el despido de 5.000 funcionarios públicos.
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