Fue la empresa favorita del Estado y las cifras lo confirman. Entre 2013 y abril de este año, Seguros Sucre (aseguradora conformada por capital estatal) se llevó la mayor cantidad de contratos del país. Sumó más de 785 millones de dólares por adjudicaciones realizadas bajo la modalidad de régimen especial. Es decir, de forma directa y sin la participación de otros oferentes.

Durante los gobiernos del expresidente Rafael Correa y la actual administración de Lenín Moreno, empresas públicas, ministerios, secretarías, agencias, gobiernos locales y otros entes optaron por asegurar los bienes públicos con la empresa, que tuvo procesos legales dentro y fuera del país.

EXPRESO consultó con la aseguradora por las motivaciones detrás de la contratación masiva del Estado. Hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta oficial.

¿Qué contribuyó al crecimiento de Sucre? La Ley de Contratación Pública, redactada por el gobierno anterior, permite que el Estado pueda adjudicar procesos de forma directa a empresas estatales. Por eso, Seguros Sucre se convirtió en la predilecta.

Según el portal de Datos Abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la segunda empresa que se benefició de los contratos de régimen especial es la estatal china CAMC Engineering. Sus contratos con instituciones públicas superaron los 676 millones de dólares.

En total, en el periodo mencionado, se recurrió a 25.452 proveedores para la contratación de bienes y servicios. Fueron 138.538 contratos, que en conjunto sumaron 15.243 millones de dólares.

¿Quiénes fueron los mayores contratistas? El mismo reporte, presentado este mes, evidencia que las empresas públicas del Ejecutivo son las que más recurrieron a los contratos sin controles previos. Petroecuador, investigado por adjudicaciones irregulares para la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas y otros procesos, usó más de 2.071 millones de dólares para bienes y servicios bajo régimen especial.

La mayoría de contratos se firmaron hasta 2017. A finales de ese año, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez, aseguró que la empresa optaría por el régimen común para garantizar la transparencia en sus operaciones.

La mayoría de entidades eligieron ese camino durante el mandato de Moreno. Por eso, la contratación especial se disminuyó drásticamente.

Como ejemplo, en 2013 se ejecutaron 36.316 contrataciones especiales que superaron los 4.000 millones de dólares. En 2019, antes de la emergencia sanitaria, el valor no llegó a los 1.600 millones de dólares con 12.065 procesos firmados.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, aseguró que la meta es disminuir la participación anual del régimen especial para garantizar que las contrataciones cuenten con más de un oferente y se genere el mayor ahorro posible para el Estado ecuatoriano.

Por eso, en lo que va del año, solamente se han firmado 1.163 contratos por menos de 270 millones de dólares.

El Estado prefirió las obras

De los más de 138.538 procesos firmados bajo régimen especial, la mayoría de ellos tuvieron como destino la contratación de obras. Hasta 2017, la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, complejos judiciales y otras infraestructuras se concretaron sin la participación de varios oferentes. El Servicio de Contratación de Obras adjudicó 847 millones.