No todo fue a la emergencia sanitaria. El Estado tuvo gastos por fuera de la atención al coronavirus y no todos esos valores están controlados. Entre enero y junio de este año, por ejemplo, el país gastó más de 2.035,2 millones de dólares por la adquisición de bienes y servicios. De ese valor, 455 millones se firmaron sin supervisión de las autoridades de control porque se inclinaron por el Régimen Especial.

La modalidad de Régimen Especial de la compra pública aún genera incomodidad porque permite que cualquier entidad estatal haga transacciones sin control y sin reportar de manera temprana el contrato. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) recibe la notificación de la adjudicación y no tiene injerencia previa en la operación. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, esa fue la vía para firmar obras con sobreprecio y canalizar actos de corrupción que ahora están en manos de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado.

Las operaciones entorno a la Refinería de Esmeraldas, y todo lo relacionado con el sector petrolero, se hizo bajo régimen especial para evadir los controles y fomentar los actos ilícitos.

En este año, según el reporte mensual de compra pública que emite el Sercop, la práctica ha disminuido pero aún mueve millones de dólares. Si bien se logró revertir la tendencia del gobierno anterior que privilegiaba la compra directa, todavía hay alertas que deben ser investigadas.

En la lista de los 455 millones de dólares está, por ejemplo, el gasto para fiestas de gobiernos autónomos y descentralizados. En el primer semestre del año, las prefecturas, municipios y juntas parroquiales gastaron cerca de 16 millones de dólares para celebraciones. La mayoría de esas transacciones se dieron hasta marzo de este año. Es decir, antes de la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus.

Uno de los datos que más llama la atención es la contratación interadministrativa. En la administración correísta, e incluso en la gestión de Lenín Moreno, se detectaron anomalías en la operación que permite evadir controles si la compra se hace entre dos entes públicos. Hasta junio se gastaron 137,8 millones de dólares bajo ese paraguas.

La Contraloría y el Sercop se comprometieron a revisar todas las compras hechas para atender la crisis sanitaria. Se enfocaron en las adjudicaciones amparadas en la emergencia sanitaria, pero aún no se conocen reportes de las 4.742 compras hechas por régimen especial en este año. Una gran parte de ese número (1.766 procesos) está firmado en pleno aislamiento domiciliario y época de distanciamiento social.

En dólares, muestran los reportes de contratación pública, las entidades públicas gastaron cerca de 230 millones de dólares en operaciones de régimen especial entre marzo y junio. En los meses más duros de la pandemia.