La especialista en procesos de transformación social, Sofía Botero Uribe, llega de Colombia a Guayaquil para, desde la experiencia de Medellín, bosquejar las opciones que podría explorar Ecuador para el combate a la delincuencia.

¿Qué paralelismo detecta entre la crisis que vivió Medellín y la que vive Guayaquil?

Lo que he podido reconocer es que las personas, las instituciones, están con deseos de juntarse para poder generar soluciones antes de que la inseguridad siga creciendo; y pueda haber una respuesta en términos de la creación de un tejido social que proteja a Guayaquil.

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¿El primer paso para combatir la inseguridad es tener como prioridad el ámbito social?

Sin ninguna duda. (En Medellín) mirábamos unos mapas en donde se identificaba que las principales comunidades con los indicadores más altos de inseguridad estaban ubicadas en las zonas con mayores índices de pobreza y exclusión. Podría no ser la única condición por la cual surge una situación de este tipo, pero, en muchas ocasiones, la pobreza, la desatención, la ausencia de institucionalidad, la falta de oportunidades, puede explicar en gran medida la expansión de este fenómeno.

En Ecuador se habla de la descentralización, ¿qué experiencia tuvieron en esto?

Los 90 son un momento muy importante en Colombia, entre otras cosas, porque se hace un acuerdo social, la Constituyente del 91. Profundizar la descentralización del Estado es una condición para el desarrollo. El otorgamiento de responsabilidades esenciales para mejorar las condiciones de vida de las personas es una condición de éxito para enfrentar estas dificultades.

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¿Qué otras actividades deberían desarrollarse a la par?

En el proceso de Colombia se le ha entregado funciones a los municipios muy esenciales en materia de educación y salud; y para ello ha habido la posibilidad de utilizar recursos locales, pero también transferencia desde la nación. Ellos son responsables del bienestar y el desarrollo territorial. Tienen que ver con las acciones de vivienda, de recreación, de desarrollo cultural y artístico, la educación, promover la productividad.

En Ecuador, el discurso de la seguridad en la campaña presidencial se ha enfocado en la ‘mano dura’ y el fortalecimiento de la fuerza pública, ¿eso se puede convertir en un factor de miedo para los ciudadanos?

Muchos de los esfuerzos impulsados en Medellín estuvieron asociados a afirmar lo que muchos han reconocido y es que el principal antídoto ante la violencia y la inseguridad es la convivencia. Unas políticas de seguridad ciudadana que requiere, por su puesto, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo, requieren una construcción de tejido social, una nueva ética de sociedad que nos comprometa con la solidaridad, con la compasión, con la promoción de derechos humanos, con el reconocimiento del otro. Se valore la legalidad, el trabajo y esfuerzo colectivo.

¿Cómo se combate a la inseguridad desde la esperanza y la empatía? Suena etéreo...

Hay un esfuerzo del sector público que claramente tiene que dar cuenta de profesionalizar a la fuerza pública, de garantizar eficacia, de judicializar... En Medellín, la comprensión que tenemos es que no es suficiente un ejercicio desde la seguridad entendida de forma tradicional, si no estamos haciendo una construcción de alianzas, esquemas de colaboración, creación de nuevas instituciones, de fortalecimiento y modernización de instituciones del pasado.

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Medellín fue capaz de salir del miedo a la esperanza, de reducir el número de homicidios que nos puso entre una de las ciudades más violentas del mundo a una sociedad que ha logrado, desde el 2000, reducir en un 98% sus indicadores de homicidios. Al estudiarlo, se puede observar que esto responde en gran medida a la Policía y al Ejército, pero también de una acción muy colectiva de creación de bienes y servicios públicos para todos.

¿Qué institucionalidad tuvo que crear Medellín para combatir la criminalidad?

Se creó un grupo que se llama Paisa Joven que reunía a las principales organizaciones no gubernamentales y expertas en trabajar con los jóvenes, quienes estaban siendo víctimas y victimarios de esta situación.

Se creó un comité entre universidad, empresa y Estado con el propósito de acercar a los empresarios y las universidades en un diálogo distinto. El G8 se creó como un espacio de universidades que se juntan para determinar cómo intervenir socialmente.

¿Cuál es el primer paso para abordar el camino hacia el combate de la criminalidad?

Observo con gran interés el espíritu y la decisión desde el sector empresarial, no gubernamental y académico de empezar a preguntarse qué pueden hacer juntos y cómo acompañar el esfuerzo municipal y encontrar rutas y salidas frente a la crisis.

En Medellín, los primeros pasos pasaron por eso, para determinar un enfoque que privilegió la información útil, entender mejor qué nos está pasando (barrios, esquinas, jóvenes, familias). También actuamos sobre identificar acciones respecto a brechas sociales. Es un ejercicio de siembra, de simultaneidad, de ocupar los espaciaos con esperanza, con intervenciones y asociaciones que nos hagan salir de nuestra propia perspectiva.

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