La violencia criminal en Ecuador ha escalado a niveles nunca antes vistos. Una muestra es que en todo 2022 hubo 83 casos de coches bomba y explosiones con sustancias químicas, según el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, actos considerados como terrorismo.

Sin embargo, recién en la primera semana de este mes se sentenció con condena de una década de prisión a dos ciudadanos por el atentado terrorista ocurrido en los exteriores de una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), donde explosionó un vehículo el 29 de mayo de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, desde 2021 se investigan 164 casos, de los cuales 133 se encuentran en    investigación previa. Y solo en dos se ha llegado a emitir sentencia. Aparte de la condena a 10 años mencionada, en otro caso se ratificó la inocencia de los procesados.

No obstante en el mismo informe de la Fiscalía se señala que hubo sobreseimiento en tres casos y dictamen abstentivo en otros dos (revisar infografía).

Para el experto en derecho penal Julio César Cueva, una de las principales causas del avance extremadamente lento en las investigaciones y determinación de responsables con su respectiva sanción es que en la mayoría de los casos no hay suficiente información.

“El problema es que la Fiscalía abre expediente porque son    públicos los casos, pero cuando ya llega la evidencia, está contaminada, es insuficiente o los testigos no colaboran. Eso frustra el desarrollo del proceso para obtener una condena”.

A ese problema se suma la desidia de las autoridades en determinar un precedente en las acciones contra el terrorismo.

Por su parte Juan José Hidalgo, especialista en criminología, sostiene que las cifras en Ecuador son “terribles”, pues “apenas el   1 % de las denuncias llegan a juicio y menos de eso llega a sentencia culpable”.

Asimismo, las falencias en el sistema judicial ecuatoriano pesan en el momento de hacer justicia, “por la falta de fiscales y jueces especializados, peritos acreditados con experiencia y falta de recursos”, agregó Hidalgo.

El Consejo de la Judicatura tiene otros números, que responden a los casos que han llegado a sentencia en los últimos tres años, pero no son de hechos terroristas que se dieron en los últimos 36 meses. Según sus archivos, que comprenden el periodo del 1 de enero de 2021 hasta el 30 abril de 2023, se registran 26 causas resueltas: 8 en lo que va del año en curso, 13 el año pasado y apenas 5 en 2021.

El GIR indicó que el 2022 fue el año en el que se gestionaron más acciones antiexplosivos en el Ecuador: hubo un total de 387 operaciones; de ese número, 208 hechos ocurrieron en la provincia del Guayas.

En Ecuador se sanciona desde el año 2014 el terrorismo hasta con 26 años de prisión si hay uno o más muertos por el hecho y dependiendo del tipo de atentado. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo castiga en el artículo 366.    En mayo pasado el presidente Guillermo Lasso ordenó mediante decreto reprimir la delincuencia organizada como una “amenaza terrorista”.