Nueve de los 25 municipios de Guayas realizaron compras de insumos encarecidos para enfrentar la emergencia sanitaria por la COVID-19, a cuenta de los recursos públicos que financian los ciudadanos con sus impuestos.

Los materiales que más se repiten en esta lista cuestionada por sus altos precios son las mascarillas (desechables o N95), los trajes de protección, los galones de alcohol en gel y hasta pruebas rápidas. Las cotizaciones van desde los 68 centavos para mascarillas descartables que compró la alcaldía de Playas y que suelen costar 30 centavos, hasta los 1.100 dólares por barril de amonio cuaternario que adquirió Milagro, cuando en el mercado está por menos de 300 dólares.

No solo hay cuestionamientos al precio, también al vendedor. En los procesos de compra constan proveedores que se dedican a la venta de vehículos, cortinas, edificios y electrodomésticos, entre otras actividades alejadas de la provisión de material médico. 

Así como hay coincidencias en las compras encarecidas, también las hay en las justificaciones. Con respecto a los precios, los alcaldes y funcionarios de los municipios cuyas compras fueron analizadas por este Diario coinciden en que no es posible comparar los valores actuales de los productos con los que tenían durante los días más duros de la pandemia, entre marzo y abril. No había mejores ofertas, viene a ser la excusa más recurrente, pese a que otras alcaldías como la de Guayaquil u hospitales que adquirieron los mismos insumos a precios más bajos en ese mismo período.

“Todo está soportado. Pero le digo que los precios dependen de la calidad y de la oferta”, asegura Francisco Asán, alcalde de Milagro, cuyo cabildo adquirió 3.000 mascarillas N95 a 4,20 dólares y cada uno de los 100 pares de guantes de neopreno a 15 dólares, cuando en el mercado están a 3 dólares.

“Hubo un momento en el que no había mascarillas, pero nosotros estamos tranquilos, no hemos comprado con sobreprecio, tratamos de comprar al menor precio que pudimos”, agrega. Y señala que en su cantón hay una campaña de desprestigio, que cree que es de origen político, en la que se difunden mentiras sobre las compras que están realizando. 

Con respecto a los guantes, asegura que la calidad de los que su Municipio adquirió son mejores que los que valen 3 dólares, pues se necesitaban para trabajos específicos y que esos que los que ellos adquirieron en realidad están en 24 dólares. "Ya la Contraloría va a venir a revisar compra por compra y constatará la calidad que tienen", indica.

En el caso de Playas, la institución compró trajes y overoles a 20 y 30 dólares a un proveedor que, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), se dedica al mantenimiento de jardines y parques. Este Diario intentó comunicarse con dicho Municipio, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Entre los contratos de Daule destaca la compra de 5.000 pruebas rápidas para COVID-19 a una importadora que no consta en la lista de empresas autorizadas para venderlas, que tiene colgada en su página web la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). El valor de cada prueba es de 22 dólares, un valor similar al ahora cuestionado contrato de la Prefectura del Guayas.

Cynthia Herrera, del departamento de Compras Públicas de ese cantón, menciona que la empresa sí les presentó a ellos en su cotización el aval respectivo, pero ese documento tampoco está subido al portal.

“Usted sabe que todo eso fue hecho en el tiempo en el que estábamos en casa. Ahora no está trabajando todo el personal, pero estamos haciendo los informes”, explica.

Esta situación también se registra en Balao, pero Lola Rivera, parte del departamento de Comunicación del cantón, indica que lo que tomaron en cuenta fue el tiempo de entrega de las pruebas y el menor valor que les llegó de los diferentes proveedores, pues necesitaban las pruebas con urgencia.

Sin embargo, Guayaquil compró estos test a 11 dólares.

En el caso de Samborondón, su procurador síndico, Carlos Limongi, también atribuye el alto precio que pagaron por los trajes de protección a la especulación que hubo en ese momento. El proceso de compra por emergencia de este cantón no aparece en el buscador del portal, un problema que dice Limongi que no han podido reportar por estar ocupados en la gestión de la crisis. Además, señala que en el caso de esa compra el proveedor al que le adjudicaron el contrato sí tiene entre sus actividades secundarias la venta de artículos de limpieza, aunque no conste en la consulta en línea del SRI.

Dalton Narváez, alcalde de Durán, dice que todos estos problemas de supuestos sobreprecios se deben a que las autoridades de Gobierno no controlaron el mercado al inicio, pese a que, sostiene, él mismo lo denunció.

"Al principio todo el mundo estaba desesperado y te vendían las mascarillas a 8 y 9 dólares y el alcohol también estaba caro. Yo hasta me metí en problemas con una empresa que no le quería vender al Municipio porque preferían darles a sus vendedores autorizados las N95 para que a su vez ellos los vendan a 7, 8 dólares".