Hasta este jueves una veintena de policías dio su testimonio en el juicio por presunto peculado que se sigue en contra del exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).

Con él también son juzgadas otras tres personas: Astrid Aguirre, exdirectora del departamento de Seguridad e Higiene, Mateo Alarcón, exgerente de Ambiente de Epmaps, y Sandra Ordóñez, representante de la empresa Silverti.

Los uniformados fueron quienes intervinieron en más de una decena de allanamientos que se hicieron durante las primeras investigaciones del caso que hizo la Fiscalía en 2020, durante la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19. La tarea de los gendarmes fue detallar las cadenas de custodia y su contenido en cuanto a documentos y dispositivos incautados durante los allanamientos. Fueron parte de los testimonios de peritos, agentes investigadores de la causa, policías que intervinieron en las acciones de junio del 2020.

La diligencia debía iniciar el lunes pero se difirió para el miércoles porque el fiscal del caso presentó problemas de salud. Al inicio de su intervención el fiscal Mario Muñoz presentó su alegato de apertura y anunció que durante el juicio previsto hasta finales de febrero probará la responsabilidad de los procesados en el delito investigado. Para ello ofreció sustentar su acusación con prueba testimonial, pericial y documental.

En el primer día fueron casi nueve horas de audiencia que se inició a las 08:30 y concluyó a las 17:00. Este jueves, el juicio volvió a instalarse a las 08:30 y terminó pasado el mediodía con los testimonios de un número similar de testigos que fueron escuchados el primer día.

La diligencia se suspendió porque los miembros del tribunal tenían agendadas otras audiencias. Se retomará la semana del 21 de febrero a las 08:30.

El caso surgió como consecuencia de un informe de la Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal tras el examen especial al proceso precontractual y contractual por la adquisición de insumos e implementos de bioseguridad a la empresa Silverti que hizo la Empresa Agua de Quito por 167.920 dólares. Fueron mascarillas, gafas e implementos de bioseguridad.

En el segundo día también se escuchó el audio de la terminación unilateral del contrato. Lorena Grillo defiende a Astrid Aguirre.

Señala que la acusación para su cliente es que en su Departamento de la Epmaps solo tomaron en cuenta las cotizaciones de tres empresas cuando deberían haber hecho comparaciones con otras del portal de Compras Públicas.

El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se castiga con una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.

El de Agua de Quito no es el único juicio que se sigue en contra de exfuncionarios municipales por adquisiciones efectuadas en el contexto de la pandemia. En octubre de 2021 se instaló el juzgamiento del exalcalde de Quito Jorge Yunda y otras 13 personas también por el presunto delito de peculado.

Para ellos la acusación fue de posibles anomalías en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID, también durante la emergencia sanitaria de 2020.

De ese caso derivó el de posible asociación ilícita en el que Sebastián Yunda y otras tres personas fueron llamadas a juicio. Para Yunda y su familiar César Yunda el juicio se suspende porque están prófugos.

El detalle

Tribunal. A cargo del juzgamiento de los procesados están los jueces: María Mercedes Suárez (ponente), Marcelo Narváez y Mabel Tapia.

Peritajes

Inspección ocular

El tribunal escuchó ayer a los peritos de inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos, reconocimiento de objetos y un perito acreditado para la transcripción sobre la terminación unilateral del contrato entre Agua de Quito y la empresa Silverti.