El asesinato de siete sicarios que participaron en el asesinato de Fernando Villavicencio debe ser uno de los golpes más duros que puede recibir, en este momento, la ya lánguida y agonizante confianza que los ecuatorianos tienen en el Estado y en sus instituciones.

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Si ese Estado fue incapaz de proteger a Villavicencio, cuando estaba en los momentos más determinantes de su campaña electoral, el que no haya tomado las prevenciones mínimas para evitar la muerte de quienes podían ayudar a encontrar a los autores intelectuales de su asesinato es criminal.

No hay atenuantes: una persona que hubiera visto una serie como el Patrón del Mal o cualquier otra relacionada con el narcotráfico podía prever que esos sicarios, una vez presos, eran piezas preciadas para los autores intelectuales del crimen de Villavicencio.

Ya no sirve de mucho que el presidente Guillermo Lasso haya ordenado la remoción del director del SNAI, Luis Ordóñez. Tampoco que haya dispuesto la separación del cargo y la baja del director general de Investigación de la Policía, el general Alain Luna.

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Tampoco sirve la reorganización del Alto Mando de la Policía ni la aprehensión del director encargado de la Penitenciaría (al anterior lo destituyeron por el arsenal que tenía oculto en el cielo falso de su oficina).

Lo que sí era necesario es que la protección de estos testigos clave para la investigación del caso Villavicencio hubiera sido eficaz. Sobre todo, cuando la contaminación del SNAI, que es el organismo que se encarga del manejo de las cárceles, era perfectamente conocida por el Gobierno.

Para muestra un botón: hace no mucho cuando se diseñó un operativo para incursionar en una de las cárceles, se informó del tema a último momento al SNAI porque ya se sospechaba de su conducta; así y todo, las mafias se enteraron de la iniciativa e hicieron detonar bombas en Guayaquil como parte de un operativo de amedrentamiento.

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A pesar del conocimiento pleno que había de que el SNAI no tiene el control de las cárceles porque esa es una responsabilidad que ese organismo se la entregó a las bandas criminales, no se hizo absolutamente nada para evitar lo que ocurrió.

La responsabilidad de las autoridades en lo acontecido no tiene atenuantes: dejar a cargo de la seguridad de estos sicarios al SNAI es como dejar el cuidado de un niño a un conocido pederasta. ¿Cómo es que a nadie se le ocurrió montar un sistema de protección independiente y que no corra el riesgo de ser boicoteado por los interesados en callar definitivamente a los autores materiales del magnicidio? ¿Cómo es posible que el cuidado de la vida de estos asesinos no haya sido un tema de prioridad del Ejecutivo?

El crimen además tiene ciertas características que hacen evidente la complicidad de funcionarios encargados de la seguridad. Había dos órdenes de traslado para los sicarios de las cuales una era una terrible amenaza para los responsables del asesinato de Villavicencio: se trata de una orden de traslado que había para tres de los seis sicarios para asistir a una audiencia por un nuevo proceso por delincuencia organizada, en los que estaban involucrados con otros investigados que tenían alguna relación con el magnicidio.

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¿Cómo se enteraron de esto las bandas criminales? Las mafias temían que estos tres inicien un proceso de colaboración eficaz con la justicia y, por eso, fueron a los primeros en asesinar. De hecho, hay versiones que hablan de que uno de ellos ya había tenido una entrevista con alguien de la Fiscalía y había ofrecido colaborar. 

También está el tiempo y la libertad que tuvieron para planificar el crimen: no hubo disparos ni actos violentos y todo apunta a que fueron envenenados. Es más, los seis sicarios muertos estaban en el pabellón 9 de la Penitenciaría que está bajo control absoluto de los Lobos y tuvieron todo el tiempo y la tranquilidad para llevar a los cuerpos hasta el pabellón 7, que está desocupado, para colgar sus cuerpos ahí.

Es decir, tenían las garantías no solo para matarlos, aparentemente con veneno en la comida, sino para movilizar seis cuerpos a otro pabellón. Muchos se preguntarán por qué no fueron trasladados a La Roca y la respuesta es que ese lugar había sufrido serios daños en el techo por el ataque de un dron con explosivos.

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Sin embargo, si se sabía de ese problema, los funcionarios tenían la obligación de encontrar otra manera de mantenerlos lejos de cualquier peligro. Los periodistas que cubren el tema carcelario sostienen, además, que es incomprensible que estos sujetos hayan sido ubicados en el pabellón 9, donde están los Lobos que, por lo que sabe, también tienen contacto con los posibles autores intelectuales.

Lo ocurrido es un golpe grave a la posibilidad de que se llegue a conocer a los autores intelectuales del crimen. Ocurre, además, cuando apenas falta una semana para las elecciones de segunda vuelta, lo que también es una coincidencia perturbadora con el crimen de Villavicencio que se produjo asimismo a una semana de la primera vuelta. Si este hecho llega a beneficiar electoralmente a los interesados en que no se conozca la identidad de los mentalizadores del crimen, también será responsabilidad de quienes tenían que proteger a los asesinados.

La capacidad de la onda expansiva que tendrá este acontecimiento en la sociedad y en las instituciones del país aún está por verse. Pero lo que sí es cierto y evidente es que se ha socavado no solo el proceso de investigación del crimen de Villavicencio sino la credibilidad del Estado en toda su extensión.

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