Los seis colombianos que estaban imputados por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, y que el viernes 6 de octubre aparecieron muertos dentro de la cárcel en circunstancias aún desconocidas, tenían una orden para ser trasladados de prisión.

Así lo informó este viernes la Fiscalía General de Ecuador, que abrió una investigación contra el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el órgano encargado de custodiar y administrar las cárceles del país, para conocer las circunstancias por las que no se efectuó esa orden.

Producto de ello fueron llevadas a una Unidad de Flagrancia un jefe y dos guardias carcelarios del SNAI para tomarles declaración.

Los seis colombianos, identificados como Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Sules Osmin C. y José Neyder L., se encontraban en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, y también la más violenta del país, con una docena de pabellones controlados por diversas bandas criminales.

La Penitenciaría del Litoral, que alberga a unos 5.700 reclusos, ha sido el escenario de los peores episodios de la serie de masacres en las cárceles de Ecuador donde han sido asesinados más de 400 presos desde 2020, la mayoría por enfrentamientos entre bandas rivales.

Recientemente, una serie de operativos realizados por la Policía y las Fuerzas Armadas en esta cárcel situada en Guayaquil revelaron que los presos contaban con un potente arsenal compuesto de fusiles, pistolas, granadas, lanzagradanas, decenas de miles de balas y explosivos, además de numerosas armas blancas de diversos tamaños.

SOS Cárceles Ecuador, una plataforma ciudadana que se define como un colectivo que busca la garantía de derechos humanos y entornos de paz en las cárceles de Ecuador, señaló también que los seis presos habían pedido a la Fiscalía y al SNAI su traslado a una cárcel más segura, "el mismo que les fue negado".

Este grupo de colombianos habían sido detenidos horas después del asesinato de Villavicencio por ser presuntamente los autores materiales del crimen, junto a un séptimo compatriota que ejecutó los disparos que acabaron con la vida del candidato y que murió poco después, aparentemente por los disparos recibidos del personal de seguridad del candidato.

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La muerte de estos imputados ocurre pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de cinco millones de dólares a quien ofreciese información sobre el autor intelectual del asesinato, y el mismo día que el ministro del Interior, Juan Zapata, habló de la posibilidad de hacer público el informe del caso elaborado por la Policía.

Los seis colombianos eran parte de los trece procesados dentro de la investigación por el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto a la salida de un mitin político en Quito, cuando quedaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

Un mes después se detuvieron a otras siete personas, entre ellas cuatro en las cárceles de El Inca, de Quito, y de Latacunga, de Cotopaxi, que está controlada por la banda criminal Los Lobos, ya que según la Fiscalía ellos tuvieron presuntamente comunicación con el grupo de colombianos en los días previos al asesinato de Villavicencio.

El asesinato de Villavicencio elevó a cotas sin precedentes la ola de violencia atribuida al crimen organizado que ha hecho en los últimos años que Ecuador se vuelva uno de los países más violentos del mundo.