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Las sentencias llegan con sanción

Jueces de la Corte Nacional al resolver apelaciones de habeas corpus ordenan medidas. Judiciales han tenido que ofrecer disculpas y pagar reparaciones

Jueza
Funcionaria. Verónica Medina, una de las juezas sancionadas por miembros de la Corte Nacional de Justicia.Archivo

Desde hace varios meses la Corte Nacional de Justicia emite sentencias en casos de apelación de habeas corpus con la imposición de sanciones.

¿En qué consisten? Van desde las publicaciones de los fallos de la Corte o reparaciones económicas por daño causado al demandante del habeas corpus que es concedido por el ente, hasta la suspensión a los jueces de las cortes provinciales que conocieron la causa.

Uno de esos fallos se emitió el viernes 23 de abril de 2021. El Tribunal Penal de la Corte concedió el recurso de un hombre que recibió prisión por parte de una jueza e impuso medidas de reparación integral por la orden de encarcelarlo concedida sin que se cumplan los requisitos legales.

Los jueces dispusieron que se indague sobre las presuntas faltas administrativas o infracciones en las que habría incurrido. La condena fue ofrecer disculpas en cuanto a la reparación del derecho a la libertad y su publicación en la web del Consejo.

Para el procesado se ordenó tratamiento sicológico por no menos de tres meses, con sesiones semanales en cualquier instituto público o privado a costa de la jueza.

Además, una reparación económica con equidad por la privación de 50 días de libertad del accionante, pago de 2.200 dólares por remuneración no percibida y por los daños y perjuicios ocasionados y afectar su proyecto de vida, sin perjuicio de las futuras acciones civiles y penales a las que tenga derecho el afectado.

En uno de los últimos casos, el pasado 6 de septiembre Wálter Macías y Byron Guillén aceptaron la apelación de Jacobo Bucaram, en la acción de habeas corpus que interpuso por posible privación ilegal y arbitraria de su libertad. Consideraron que, al haber declarado la nulidad, la jueza Verónica Medina debió ordenar su libertad. Y, revocado ese auto, se debió ordenar nuevamente su privación de libertad, de ser el caso.

Como garantía de no repetición, ordenaron que ofrezca disculpas a Bucaram en un medio de amplia circulación y que se publique la sentencia en la web del Consejo por tres meses.

Medina debía pagar a Bucaram un monto por determinar. Para el efecto, se deberá considerar el tiempo que estuvo preso (del 25 de junio al 27 de julio de 2021), la cantidad que dejó de percibir o considerarse el salario básico, la afectación al proyecto de vida y cualquier otro rubro con conexidad con la restricción de libertad.

Medina fue suspendida por la presidenta de la Judicatura. Según jueces consultados por EXPRESO que pidieron la reserva de sus nombres, antes no se emitían resoluciones de este tipo. Lo que sí existía era la concesión de la demanda planteada y no más, revocando la sentencia subida en grado.

¿Pasó la Corte Nacional a ser el órgano sancionador y filtro legal para la destitución de los jueces de las cortes provinciales y jueces unipersonales? El presidente del organismo, Iván Saquicela, señala que han dicho a los jueces que son importante dos aspectos: defender la independencia interna y externa, pero si existe lo que se entiende como error inexcusable, hay que declararlo.

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Saquicela reitera que no se trata de una resolución del pleno de la Corte, sino más bien de una cosa implícita que ya se encuentra en la ley. Recordó que desde la Corte ya se han dado mensajes claros en ese sentido.

Anunció además que en el Pleno del organismo están trabajando en un proyecto de reforma a la reglamentación que trata sobre la declaración jurisdiccional previa sobre el error inexcusable.

El detalle

Destituciones. Desde 2019 hasta 2021 el Consejo de la Judicatura ha destituido a casi un centenar de servidores judiciales por varias infracciones.

Sanciones

Manifiesta negligencia

La manifiesta negligencia es una de las causales de la destitución de servidores judiciales determinadas por el pleno del Consejo de la Judicatura.

Se suma el error inexcusable y la violación de derechos y garantías. Entre 2019 y 2021 son cerca de 100 los sancionados.