Vuelve el error inexcusable. Pero esta vez un tribunal superior declara que judiciales de Guayaquil incurrieron en esa figura y deben ser investigados.

Los jueces provinciales de Guayas que se declararon incompetentes, por razones de territorio, para conocer el habeas corpus presentado por Jacobo Bucaram Pulley deberán ser investigados por Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus competencias.

Lo decidió un tribunal de la Corte Nacional de Justicia con el voto de mayoría emitido por Daniella Camacho y Wilman Terán. Los jueces conocieron en apelación el habeas corpus de Bucaram y, después de recabar información del caso determinaron la infracción. Por eso enviaron copias del expediente para el correspondiente sumario administrativo-disciplinario y que se imponga la sanción que corresponda.

Los señalados son Manuel Torres, Adriana Mendoza y Johanna Tandazo. Ellos, al declararse incompetentes para resolver el fondo del recurso presentado por Bucaram Pulley, contra norma expresa incurrieron en error inexcusable.

Esta es la primera ocasión que un tribunal superior declara que los judiciales incurrieron en esa figura, cuya determinación era privativa del Consejo de la Judicatura.

En julio pasado la Corte Constitucional sentenció que no se podrá sancionar administrativamente a los jueces por error inexcusable y otras figuras similares sin que hayan sido previamente declaradas por un tribunal superior.

La sanción a los judiciales a través de esa figura había sido generalizada en administraciones pasadas del Consejo y provocó la salida de decenas de jueces. La infracción disciplinaria está prevista en el artículo 109 numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

La Corte explicó que los funcionarios no podían decidir declarándose incompetentes, por tratarse de justicia constitucional y no ordinaria. “No es una simple equivocación humana o una diferente interpretación de la ley, lo que se aprecia, de forma independiente a lo que estaban llamados a decidir, denota un comportamiento irregular”, dicen los jueces. Resaltan que la falta de respuesta podría ocasionar consecuencias irremediables.

Justificaron que en la causa “se precautelaron derechos ante cuestiones que implicaban tratos inhumanos y degradantes, y gracias a la apelación se resolvió el asunto de fondo, lejos de cualquier influencia mediática”.

Pero, de comprobarse, los errores alcanzarían responsabilidades penales y administrativas-disciplinarias.

¿La razón? Los jueces provinciales aseguraron en su respuesta a la Corte que han recogido el audio de la secretaría de su sala y han dispuesto realizar una transcripción, pero a la Corte le “queda la duda que Secretaría de la Sala Provincial haya mutilado o alterado el contenido”, debido a que se adjuntaron los CD de las audiencias, pero uno de ellos estaba vacío.

Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, señaló que la resolución que dispone la investigación la deben notificar al Consejo de la Judicatura para el inicio del procedimiento disciplinario respectivo.