El Seguro Social Campesino acumula anomalías y números rojos
Hay indicios de responsabilidad penal en las compras hechas por la emergencia. Los egresos superaron a los ingresos
Es una fuente de anomalías que será investigada por la Fiscalía General del Estado. El Seguro Social Campesino -parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)- está en la mira de las autoridades por compras irregulares durante la emergencia sanitaria. Esa, sin embargo, no es la única novedad que registra la entidad.
Según la Contraloría, el Seguro Campesino contó con un presupuesto de 1,9 millones de dólares para adquirir once ítems de dispositivos médicos para combatir la emergencia derivada del COVID-19. El destino de esos insumos eran las unidades médicas del ente campesino.
La operación se concretó, pero con un proveedor que no vendía ese tipo de productos. Es más, la empresa cambió su razón ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) el mismo día que el IESS le solicitó que entregue la propuesta de dispositivos. Una novedad que podría tener consecuencias penales, a decir del ente dirigido por Pablo Celi.
La adjudicación, resalta el informe de Contraloría, “se resolvió sin el análisis y calificación de las propuestas económica y técnica de la empresa”.
Tampoco se hizo un análisis de la propuesta de precio. Con la justificación de la emergencia, el Seguro Social Campesino no hizo controles ni las revisiones de ley.
Las mascarillas N95 y los termómetros digitales que se compraron tampoco contaron con los certificados necesarios para garantizar que se distribuyeron de manera correcta.
A la larga lista de anomalías en la contratación se suma que el proveedor no presentó “los registros o notificaciones sanitarias, certificados de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas y de almacenamiento, distribución y transporte”.
Por eso, la Contraloría aprobó un informe con indicios de Responsabilidad Penal que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado.
EXPRESO consultó con el IESS por las anomalías y desde ahí se informó que se acataron las recomendaciones de la Contraloría y se están aplicando los correctivos.
El mal uso de fondos públicos no es el único problema que enfrenta el Seguro Social Campesino. Según sus cifras de gestión, apenas este año hay resultados positivos. En 2018 y 2019, la entidad tuvo más egresos que ingresos.
Como ejemplo, el año pasado se tuvieron gastos por 320,4 millones de dólares para atender a más de un millón de beneficiarios. Los ingresos, sin embargo, sumaron solo 258 millones de dólares. Una diferencia de cerca de 86 millones solo en doce meses de gestión del servicio.
