La situación es insostenible y se mantiene con ‘parches’ que tienen fecha de caducidad cercana. Hace un año, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) admitieron que la entidad está en una ‘crisis’ que requería de acciones urgentes para evitar la quiebra. Dichas acciones no llegaron y el Seguro Social sobrevive con malabares económicos cada mes.

¿Dónde están los problemas? En todas partes. Los modelos económicos y normativos del Seguro están desactualizados y siguen respondiendo a intereses más políticos que técnicos. Una prueba evidente es la falta de celeridad en el cobro de deudas que mantiene el Gobierno con la entidad.

Pese a la crisis advertida por el entonces presidente del Directorio de la entidad, y ahora en arresto domiciliario, Paúl Granda, el gobierno de Lenín Moreno no priorizó el pago de deudas con el IESS. Es más, aún no hay un acuerdo para definir a cuánto asciende el compromiso real.

En julio, Jorge Wated, presidente actual del Directorio, envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas para pedir que se defina el rubro y se comience a pagar. En la misiva, Wated aseguraba que el Gobierno da vueltas y se enfrasca en revisiones poco productivas.

Hasta septiembre de este año, según documentación a la que accedió EXPRESO, el gobierno de Lenín Moreno mantenía una deuda de más de 7.582,8 millones de dólares con el Seguro Social. El equivalente a un año entero de presupuesto de la entidad de todos los afiliados.

En ese monto se consideran, además de los intereses generados por los pagos incumplidos, las obligaciones por el 40 % de aporte que debe hacer el Estado a las pensiones de los jubilados, la mora de gobiernos anteriores (sobre todo del correísmo), la devolución del IVA, el aporte para la atención médica de los afiliados, el seguro de desempleo y hasta el seguro social campesino.

EXPRESO consultó al IESS por los caminos tomados para hacer que ese pago se cumpla. Algo más allá de cartas que tienen más impacto mediático que un pago efectivo. La respuesta fue que hace pocas semanas el Gobierno canceló los haberes pendientes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Incluso se habla de un pago parcial de enero de este año. Sin embargo, la entidad no proporcionó cifras ni especificó montos.

Un cálculo a priori y no oficial hablaría de un pago cercano a los 500 millones de dólares. Lo que se traduce en que la deuda del Gobierno seguiría por encima de los 7.000 millones de dólares.

Lo que sí se aclaró es que se mantienen reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para que los pagos comiencen a fluir, sobre todo con respecto al 40 % de aporte estatal, de manera oportuna.

En promedio, el IESS requiere que mensualmente el Gobierno pague unos 150 millones de dólares para mantener sus operaciones sin afectaciones abruptas. En el valor no se incluyen deudas de períodos anteriores, los 150 millones responden solo al dinero que se requiere cada mes para la operación cotidiana.

Al pago gubernamental correspondiente a tres meses de 2019, se suma otro alivio temporal para el Seguro Social. La entidad optimizó inversiones, priorizó proyectos y retiró gastos que permitieron un ahorro de más de 456 millones de dólares.

El último parche llegó en octubre. Las autoridades del IESS aseguran, con gran satisfacción, que la curva de desafiliaciones por pérdida de empleo formal comienza a cambiar. El mes pasado, por ejemplo, las afiliaciones se incrementaron en 15.879. Ahora mismo el Seguro diseña nuevas mediciones para proyectar cómo seguirá el resto del año.

Las cifras de solución, sin embargo, se quedan cortas para las necesidades de la entidad. Entre enero y octubre, el IESS gastó más de 5.361 millones de dólares para cumplir todas sus operaciones.

¿Qué hacer al respecto? El expresidente del directorio de la entidad, Hugo Villacrés, cree que hay varios caminos urgentes que tomar para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social.

Lo primero es aplicar reformas estructurales periódicas de la legislación local. Villacrés asegura que los cambios demográficos, esperanza de vida, tasa de natalidad y tasa de fecundidad deben revisarse constantemente para definir la edad de jubilación y el tiempo de aportes. “Los países reforman los parámetros de sus sistemas de seguridad social cada 15 o 20 años”, afirma.

En Ecuador, el modelo actual lleva más de 19 años y, para empeorar la situación, el gobierno del expresidente Rafael Correa creó beneficios sin respaldo económico.

Otro punto a revisar es la afiliación masiva. El ideal es que la mayor cantidad de personas de la Población Económicamente Activa (PEA) “cuenten con empleo adecuado y, por tanto, aporten a la seguridad social sobre sus ingresos reales”.

Otra vía de solución es la planteada por candidatos en las elecciones del próximo año. Ellos destacan que la politización del Seguro es uno de los mayores males.

Alfredo Borrero, candidato a la Vicepresidencia de la República por la alianza CREO-PSC, señala que es inadmisible que el IESS sea manejado por el Gobierno. Quienes deben cuidar los fondos de la entidad, dice el compañero de fórmula de Guillermo Lasso, son los propios afiliados.

Él asegura que en su mandato el Ejecutivo dejará de estar en la cabeza del directorio del seguro. Ese planteamiento ya se discutió en la Asamblea Nacional pero, hasta el momento, no hay progresos.

Xavier Hervas, candidato a la Presidencia de la República por la Izquierda Democrática, también cree que es urgente que el Gobierno deje de decidir por los destinos del dinero de los afiliados y los jubilados. Él afirma que los jubilados serán los que designen las ternas para la integración del consejo directivo.

EXPRESO también consultó a Andrés Arauz por sus alternativas para el IESS. El candidato afín al correísmo, movimiento que con decisiones y leyes causó la situación actual, hasta el momento no ha dado su respuesta.

Diálogo

En diciembre de 2019, las autoridades del Gobierno nacional anunciaron un gran diálogo para buscar soluciones a la situación del Seguro Social. Se habló de mesas técnicas y hasta se hicieron un par de encuentros sin frutos.

Asamblea

La Asamblea Nacional, enfrascada en juicios políticos y procesos poco productivos, mantiene reformas a la ley de Seguridad Social en sus archivos. Aún se espera un debate para cambiar la estructura del Consejo Directivo de la entidad.

Corrupción

La emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus sirvió para evidenciar los casos de corrupción que proliferan en los hospitales públicos del país. El expresidente del IESS, Paúl Granda, es investigado por el tema.

$ 757 millones para atenciones

La falta de ingresos no es el único problema que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También hay un fuerte nivel de egresos que ponen en riesgo la estabilidad de la entidad.

Según los datos de facturación de los centros médicos del seguro, cada año se necesitan más de 1.499 millones de dólares solo para las prestaciones de salud de afiliados, jubilados e hijos de aportantes que tengan menos de 18 años. En la lista de quienes reciben atención también se encuentran los trabajadores no remunerados del hogar y los integrantes del seguro social campesino.

En 2019, se necesitaron cerca de 1.500 millones de dólares para cubrir las citas, hospitalizaciones, emergencias, consultas externas y otras atenciones dentro de los establecimientos del IESS.

Ese valor no contempla lo que debe pagar el Seguro por las atenciones derivadas a prestadores externos. Es decir, a casas de salud privadas que atienden a afiliados al IESS.

En este año, por la emergencia sanitaria derivada de la expansión del COVID-19, el gasto se redujo considerablemente. Entre enero y septiembre se reportaron atenciones valoradas en 757 millones de dólares. Ese indicador tampoco incluye lo pagado, o adeudado, a prestadores médicos por fuera de la red del IESS.

Abril fue el mes más atípico para las atenciones médicas. El IESS reportó facturaciones por 39,7 millones de dólares en el cuarto mes de este año. En el mismo periodo, pero de 2019, el valor facturado ascendió a 128,7 millones de dólares.

La brecha se acortó en septiembre. En este año fueron 89,7 millones. En septiembre de 2019 se llegó a 123 millones.