Seguridad, el eterno debate

Acción y reacción. Nada más anunciadas las últimas cifras oficiales de seguridad, en la oposición legislativa se fragua una respuesta en forma de proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La iniciativa, que intentará convertirse en la alternativa al oficialista proyecto de Seguridad Ciudadana, cuyo debate inició en 2013 y su conclusión no se avizora como pronta, será presentada a finales de marzo en la Asamblea Nacional por el hipercrítico legislador Diego Salgado (CREO), de la comisión de Soberanía, quien necesitará, según la matemática parlamentaria, de un poco probable visto bueno de Alianza PAIS para impulsar la ley.

Según adelantó a EXPRESO, la propuesta (aún en desarrollo) buscará una opción para superar “el trauma que les dejó el 30S. Porque desde entonces están buscando debilitar a la Policía. ¿Para qué más quieren recortar las funciones?”, aseguró Salgado.

Su proyecto apunta a clarificar la fórmula para normar el número de policías que necesita el país, revisar la instrucción mínima necesaria antes de tomar el tolete y arma, garantizar la defensa jurídica de los policías demandados por delincuentes tras las rejas y, sobre todo, definir el mecanismo para recopilar las cifras de inseguridad porque, a criterio del opositor: “no existen cifras oficiales”. El legislador, quien sufrió un asalto a mano armada, dos semanas atrás, considera que “no importa que nos sigan diciendo ‘Ecuador, país de paz’; la calle y las cifras se contradicen. Como ecuatoriano, no me siento seguro”.

No es el único. Pese a la notable reducción de delitos y la tranquilizadora realidad que muestran las cifras gubernamentales y promocionan al país como “el segundo más seguro para vivir en Latinoamérica”, según un boletín publicado esta semana por el Ministerio del Interior (cuya portavocía no respondió la solicitud de este Diario), los ecuatorianos mantienen a la inseguridad entre sus principales preocupaciones.

El más reciente estudio de opinión publicado por Cedatos sobre el tema (2015) da cuentas de un país donde el 65 % de los encuestados aseguró haber sido víctima de la delincuencia o tener a un familiar que lo ha sido.

Los expertos en seguridad, como Juan Pablo Borges, quien por 14 años ha gerenciado Asevig Liderman, una empresa con base en Ecuador que cuenta con más de 13 mil guardias privados en Sudamérica, aseguran que el avance en el país “ha sido notable”. Sin embargo, consideran que mejorar “la escasa colaboración entre el sector público y privado podría ayudar a consolidar el proceso”. Que, a su parecer, tiene más desafíos que logros.

El proyecto

Los servidores

La propuesta opositora busca que la fórmula para definir la cantidad mínima de policías sea fijada mediante la Ley y no por voluntades políticas. El proponente Salgado considera que se podría validar la recomendación internacional de Naciones Unidas que fija la tasa en 2.8 policías por cada 1.000 habitantes.

La estructura

Que la Policía Nacional consolide su visión comunitaria, que la formación (tanto el tiempo como el pénsum) entre a revisión y que la institución garantice la defensa de los gendarmes acusados en los tribunales por el ejercicio de su profesión, son algunas de las propuestas.

Las cifras

El proyecto considera necesario que las cifras de delitos e inseguridad sean contrastadas fuera de la estructura gubernamental. Para ello podrían evaluarse los observatorios de seguridad y cruzar la información de la criminalidad entre la Fiscalía, la Policía y el sistema Judicial.

Roberto Ricaurte Director ejecutivo / Corporación para la Seguridad Ciudadana

“No se puede ser juez y parte”

¿Cuál es su valoración sobre la seguridad en el Ecuador de hoy?

La seguridad en el país debería manejarse de forma integral, desde todas sus perspectivas, como una política de Estado.

¿Cuál es su percepción sobre las cifras oficiales?

Cuando se habla de estadísticas del delito, relacionadas directamente con la seguridad ciudadana es necesario aclarar que se necesita tener legitimidad para darlas. Para ello, debemos partir de que no se puede ser juez y parte. Sobre todo para anunciar las cifras.

¿Qué vía debería tomar el país en seguridad, de forma urgente?

Una vía donde todas las instituciones - de manera coordinada y financiada - cumpliendo con sus competencias aporten a mejorar los niveles de inseguridad que existen en el país y que afectan - principalmente - a la vida y los bienes de los más pobres.