Exdirector de Contraloría es condenado por desvanecer millonaria glosa en caso Celu
El exfuncionario fue sentenciado a 12 meses de prisión, por el delito de tráfico de influencias
El exdirector de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Luis Alfonso Miño Morales, fue sentenciado a 12 meses de prisión por su participación en el denominado caso Celu, relacionado con el desvanecimiento de una glosa por $ 111,9 millones impuesta a la empresa Conecel.
Sentencia con procedimiento abreviado
La sentencia reducida fue dictada luego de que Miño aceptara su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado, dentro de un procedimiento abreviado. Además de la pena privativa de libertad, el juez dispuso el pago de $ 55,9 millones como reparación integral, monto equivalente a la mitad de la glosa desvanecida, un valor imposible de pagar para Miño pues representa 1.353,9 veces su patrimonio declarado, de $ 41.327,66, en 2021.
La investigación fiscal se originó a partir de un informe de Contraloría en el que se estableció una responsabilidad civil culposa por $ 111,9 millones contra la operadora telefónica. Sin embargo, esa sanción económica fue posteriormente anulada.
Celi y el rol de la dirección de Responsabilidades
Según la Fiscalía, Conecel presentó supuestos estudios técnicos respaldados por informes elaborados por tres consultoras contratadas, documentos que habrían servido de sustento para que Pablo Celi, entonces contralor general subrogante, ordenara el desvanecimiento de la glosa "utilizando a Miño”, indicó la institución.
De acuerdo con la teoría del caso, Miño, en su calidad de director de Responsabilidades, habría ejecutado la disposición para dejar sin efecto la millonaria glosa. La Fiscalía no investigó a ningún directivo de Conecel.
Exfuncionario y colaborador con la justicia
El exfuncionario también cooperó con la investigación fiscal y rindió testimonio en el proceso que se sigue contra Pablo Celi, a quien señaló de haber ejercido presión y coacción para concretar la anulación del cargo económico.
La sentencia contra Miño se convierte en un elemento clave dentro del proceso penal, mientras la Fiscalía continúa el proceso regular para llegar a una audiencia de juicio y valorar la actuación del excontralor y otros posibles implicados en el caso.
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