Mesa de diálogo en Otavalo
Dirigentes indígenas y autoridades del Gobierno durante la reunión en Otavalo, Imbabura, donde se acordó levantar temporalmente el paro y abrir mesas de diálogo para atender las demandas de las comunidades.Captura de video mejorada con GEMINI

Se levanta temporalmente el paro indígena en Imbabura tras acuerdo con el Gobierno

Tras 23 días de bloqueos y protestas, el Gobierno y dirigentes indígenas alcanzaron un acuerdo en Otavalo

“Se acabó el paro”, anunció el ministro del Interior, John Reimberg, tras una reunión en Otavalo con los representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) tras 23 días de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del Gobierno de Daniel Noboa. 

En un mensaje posterior difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario afirmó:

“Ecuador está en paz. El Gobierno del presidente Daniel Noboa es de diálogo, de consensos y de palabra. Hemos cumplido”.

El diálogo permitió abrir vías y acuerdos mínimos

Según Reimberg, el diálogo siempre estuvo abierto, y el encuentro en Otavalo permitió restablecer el paso vehicular y el abastecimiento en la provincia. A partir de este acercamiento, se conformarán mesas de coordinación entre el Ejecutivo y representantes de los pueblos indígenas y campesinos de Imbabura, con el fin de atender sus principales demandas.

Entre ellas destacan:

  • Congelar o revisar el precio del diésel tras la eliminación del subsidio.

  • Revisar los procesos judiciales de los manifestantes detenidos durante las protestas.

  • Garantizar atención médica a los heridos y esclarecer las muertes ocurridas en las movilizaciones.

Los dirigentes anuncian retiro a sus territorios

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Desde la provincia de Imbabura, los dirigentes de los cinco pueblos indígenas ofrecieron un saludo “a todos los pueblos del país” y explicaron que la movilización nació “ante la necesidad de ser escuchados”.

“La eliminación del diésel golpea directamente nuestra vida diaria, nuestra economía, nuestros hogares”, señalaron, aclarando que las protestas no fueron financiadas por ningún actor externo, sino sostenidas con el esfuerzo de las comunidades.

En la reunión, los líderes también solicitaron la derogatoria del Decreto 126, que modificó el esquema de subsidios a los combustibles. No obstante, expresaron disposición a dialogar sobre alternativas que permitan mantener un subsidio focalizado o congelar el precio del diésel, mientras se buscan soluciones estructurales.

Condiciones y nuevas mesas de trabajo

Entre los acuerdos alcanzados, el Gobierno se comprometió a:

  • Trasladar a Imbabura a los detenidos durante las manifestaciones para revisar sus causas judiciales.

  • Brindar asistencia médica a los heridos de gravedad.

  • Investigar la muerte de dos comuneros ocurrida en el contexto de las protestas.

  • Instalar mesas técnicas territoriales para abordar temas urgentes como carreteras rurales, acceso al agua, salud y educación.

Por su parte, Martha Tuquerres, presidenta de la Unorcac (Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi), agradeció el respaldo de las comunidades y exigió una disculpa pública por las acusaciones que los calificaron como “secuestradores o terroristas”. También pidió justicia por la muerte del dirigente Efraín Fuérez.

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“La lucha continúa, pero desde nuestros espacios”

Aunque se levantó el paro en Imbabura, los dirigentes subrayaron que la medida es temporal y que las comunidades se mantendrán en asambleas permanentes, vigilando el cumplimiento de los acuerdos.

“La lucha continúa, pero desde nuestros espacios, para que los compromisos se concreten y los heridos reciban atención”, afirmó uno de los voceros.

Con la reapertura de las vías, el Gobierno y las organizaciones locales abren una nueva etapa de diálogo, enfocada en la búsqueda de soluciones económicas y sociales que devuelvan estabilidad a la provincia.

Las protestas han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y más de cien detenidos, entre ellos una veintena enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo presentadas por la Fiscalía.

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