Santiago Díaz se entrega tras grave acusación de violación a menor: ¿Qué sigue?
Es investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de violación a una niña de 12 años
El asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de violación a una niña de 12 años, se entregó a las autoridades la tarde de este 21 de julio. Contra él pesaba una orden de detención con fines de formulación de cargos, y su situación jurídica se resolverá en las próximas horas, según informó la Fiscalía a través de su cuenta oficial en la red social X.
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La denuncia fue interpuesta el pasado 8 de julio por el padre de la menor, y desde entonces el caso ha generado una fuerte conmoción política y social. El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, al que pertenecía Díaz, anunció su separación inmediata tras conocerse la acusación, señalando que “frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio para la indiferencia”.
Díaz, quien accedió a su curul como suplente de la legisladora Priscila Schettini —inhabilitada por el Tribunal Contencioso Electoral—, fue objeto de una intensa búsqueda por parte del Ministerio del Interior. Incluso se ofreció una recompensa de USD 100.000 por información que condujera a su captura.
El legislador, con una larga trayectoria dentro del correísmo, ha ocupado cargos como asesor presidencial, coordinador de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y tesorero del Tribunal Contencioso Electoral. Su carrera ha estado marcada por varias controversias, incluyendo una investigación previa por presunta autoría intelectual en un caso de tortura contra un periodista en 2018. La audiencia de formulación de cargos se espera en las próximas horas
CAL rechaza polémico proyecto de ley sobre consentimiento sexual
Con el respaldo unánime de sus siete integrantes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no calificar el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por el asambleísta Santiago Díaz. La propuesta buscaba modificar el artículo 175 del COIP para reducir la edad de consentimiento sexual en adolescentes, lo que generó una fuerte controversia política y jurídica.
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La decisión del CAL se basó en el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que advirtió posibles vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa. Según el documento, la reforma implicaría un retroceso en materia de derechos humanos y vulneraría la protección integral de niños, niñas y adolescentes, principios consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Ecuador.
La moción para no calificar el proyecto fue presentada por la legisladora Mishel Mancheno, quien argumentó que la propuesta carecía de legitimidad y ética, al provenir de un legislador que enfrenta una denuncia por presunta violencia sexual contra una menor de edad. “Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave, que pretende usar a la Asamblea Nacional para evadir sus responsabilidades”, declaró Mancheno durante la sesión.
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