Las sanciones solo apuntan a la oposicion

Mano dura con los opositores. Eso argumentan las organizaciones políticas contrarias al oficialismo en la Asamblea sobre la sanción a la legisladora de Pachakutik Magali Orellana.

A ella, la suspendieron 30 días, sin sueldo, por acercarse al estrado, reclamar el uso de la palabra y ofender a la presidenta de la función Legislativa, Gabriela Rivadeneira.

El vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y oficialista, Fausto Cayambe, dijo a EXPRESO que se sancionó a Orellana por: escándalo público, agresión verbal a la titular de la Asamblea y actitud hostil con las policías.

Para el legislador del Partido Social Cristiano- Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres, eso no merecía una sanción, sino una amonestación. “No es normal, es improcedente y completamente desproporcionado”, explicó a este Diario.

El CAL se encarga de imponer los ‘castigos’. Hay seis tipos de faltas: usar indebidamente las tarjetas electrónicas o exceder el plazo para presentar informes de primer y segundo debate. Provocar incidentes violentos en el plenario o en las comisiones. O poner en riesgo la seguridad de los legisladores o de los trabajadores.

Otra falta es maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios y, finalmente, expresarse en términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno.

“El caso de la asambleísta Orellana tiene un procedimiento legal que llevó a la sanción. Hay un informe previo”, dijo el vocal del CAL y aliado gubernamental, Carlos Bergmann.

El jefe de bloque del movimiento CREO, Patricio Donoso, cree que la situación es preocupante. “Siempre se sanciona a la oposición, pero nunca al oficialismo. Virgilio Hernández, por ejemplo, ha tenido acciones grotescas contra todos y nadie lo ha sancionado”, comentó. Según él, el oficialista fue grosero, gritó y retó a la oposición en el segundo debate de la Ley Solidaria.

Durante el período presidencial de Rivadeneira, el CAL también impuso otras dos sanciones y al mismo legislador: Abdalá Bucaram Pulley. La primera vez por acusar a las colegas del oficialismo de “beber y bailar con sus asesores en los pasillos”. La segunda, por ofender a la primera vicepresidenta, Rosana Alvarado. En ambas ocasiones fue suspendido por 30 días, sin sueldo.

Bucaram dejó la Asamblea en diciembre de 2014.

Para el jefe del bloque Democrático y militante de Avanza, Antonio Posso, la sanción es una muestra de la prepotencia de las autoridades de la Asamblea. “Quieren callarnos y los dardos apuntan contra la oposición”, aseguró. A ellos, dijo, no se les da la palabra en el pleno y eso viola su derecho a la libre expresión.

Y recuerdan dos escenas. La primera, cuando Hernández fue contenido por su excolega y actual ministro de Comercio, Juan Carlos Cassinelli, previo a la votación de la Ley de Alianzas Público-Privadas.

La segunda, cuando la oficialista Marcela Aguiñaga se enfrentó con Ángel Vilema, ex-PAIS, y Fanny Uribe, de Avanza, por la Ley de Galápagos. “La familia del legislador Vilema es propietaria de hoteles y barcos. La legisladora Uribe ha sido la protagonista pepinera de Galápagos”, dijo Aguiñaga.

Pero PAIS calló. No hubo sanciones, dijeron. CMP