Salud mental en Ecuador: la terapia se vuelve distante para muchos

En Ecuador, los problemas estructurales se agravan con una crisis económica que convierte a la salud mental en un privilegio. Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con cerca de 560 servicios ambulatorios, la demanda supera ampliamente la oferta y muchos pacientes deben esperar meses por una cita.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión y la ansiedad le cuestan anualmente a la economía mundial más de un billón de dólares por pérdida de productividad. Mientras los países desarrollados fortalecen sus políticas de prevención, en regiones como América Latina el acceso a terapia sigue siendo desigual y limitado.

De acuerdo con el MSP, uno de cada cinco menores tiene un trastorno mental. Sin embargo, el estigma, la burocracia y la falta de recursos económicos perpetúan la desatención. Ante esto, muchos terminan sin acompañamiento o buscan ayuda en espacios informales.

Gino Escobar, presidente vitalicio de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, señala que “si en el sistema de salud pública la atención es mala, pobre o distante, eso hace que la población busque ayuda por fuera, incluso en terapias poco convencionales como el chamanismo o las limpias”. Para él, la desregulación y la escasez de profesionales especializados agravan el problema. “Existe una alta oferta de personas que no están especializadas en psicoterapia, y eso hace que las personas desistan de asistir a un tratamiento formal”, explica.

Este escenario obliga a los pacientes a transitar un camino de ensayo y error, lo que no solo representa un gasto económico, sino también emocional. “Es como una romería”, asegura, al describir el peregrinaje de quienes buscan ayuda efectiva.

Falta de regulación en los precios

Además, la falta de regulación ha generado una brecha económica en los precios. “Las consultas pueden ir desde lo gratuito hasta los 200 dólares”, afirma Escobar. “Una persona que aplique una terapia de corto espectro temporal, pero de alto impacto vivencial, debería cobrar en función de su preparación”. El problema, dice, no es solo de tarifas, sino de calidad y acceso real.

Juan Francisco Pérez, paciente de psicoterapia, ha vivido en carne propia esta lucha. “Muchas veces dejé la terapia a la mitad, no por falta de ganas, sino porque no podía seguir pagando”, cuenta. Las interrupciones afectaron su bienestar emocional y su vida cotidiana. “Cuando no estoy en terapia, el malestar se acumula y afecta cómo me relaciono con los demás y mi desempeño en el trabajo”, agrega.

Para la psicóloga clínica Jennifer Carranza, la mayoría de pacientes abandona su tratamiento por falta de recursos. “En instituciones del Estado, las citas terapéuticas son cada tres meses. Eso no sirve para una terapia psicológica”, advierte.

Frente a este panorama, Carranza considera que urge una transformación estructural: “Es indispensable una inversión estatal sostenida, con más profesionales capacitados y citas frecuentes. La salud mental no puede seguir tratándose como un lujo”. 

Para ella, el cambio debe incluir campañas de prevención, desestigmatización y una normativa clara que regule la práctica profesional. “Si no se garantiza un acceso real y continuo, seguiremos pagando un alto costo social”, concluye.

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