La ruta del dinero

El país está saliendo de esa especie de sopor que vivió durante la década pasada, en que estuvo sometido a un temor generalizado por abusos o excesos cometidos por el anterior gobierno. Los multiplicados y cuantiosos actos de corrupción perpetrados durante ese período exigen que en elemental acto de justicia se sancione a quienes por acción u omisión sean responsables del grave perjuicio causado a todos los ecuatorianos.

No es suficiente que se divulguen o publiquen los actos o contratos donde han existido sobreprecios, aumentos injustificados de volúmenes de obra, contratación de obras innecesarias, con el propósito de favorecer a los beneficiarios de actos punibles. El país demanda que se recupere el dinero fruto del atraco cometido.

Es claro que ese dinero mal habido, salvo casos excepcionales, no está en cuentas bancarias locales; está a buen recaudo en paraísos fiscales, a nombre de testaferros, parientes o compañías fantasmas. Para identificar a los beneficiarios del asalto a recursos públicos es indispensable la colaboración de organismos internacionales o empresas expertas en este tipo de rastreo, que le hagan un seguimiento a la ruta del dinero sucio obtenido por los partícipes de tan condenables ilícitos.

Es evidente que nunca antes en la historia del Ecuador hubo tan descarado robo de fondos públicos. Es necesario evitar que se repita el resultado de siempre: “escándalo igual a impunidad”. Afortunadamente, las infracciones penales cometidas por servidores públicos son imprescriptibles según la actual Constitución, lo que posibilita efectuar un detenido seguimiento que conduzca a establecer dónde reposan los dineros que pertenecen al erario nacional.

Es deber de todos insistir en que se identifique a autores, cómplices y encubridores del inmoral enriquecimiento de personas que ostentan fortunas que no pueden justificar, lo cual se puede comprobar con el patrimonio que tenían antes de ejercer el cargo público con el que poseen al terminar sus funciones. Igual criterio servirá para juzgar a personas particulares que han sido favorecidas con estos negocios ilícitos que constituyen un delito contra la patria.