Lafattoria, la empresa de Richard Villagrán, es señalada por el Observatorio de Contratación Pública debido a los millonarios convenios de pago con el Estado por los contratos de alimentación en las cárceles. Autoridades penitenciarias también tienen dudas sobre el control a los camiones de la firma, que ingresan a los centros carcelarios.

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- ¿Cómo le dan la comida a los privados de libertad?

- Trabajamos con 25 centros de privación, de la zona norte y zona centro, que es Guayaquil. Nos encargamos que los alimentos de primera necesidad, arroz, frutas, legumbres, cárnicos, etc., vengan desde nuestras bodegas y que lleguen a los centros con todo el cuidado en la cadena logística, desde el punto A, que es el agricultor, a la puerta de la cárcel.

- Son 480 trabajadores suyos que preparan la comida en cárceles, pero la Penitenciaría del Litoral no tiene cocina...

- En la Regional.

- Entre las zonas centro y norte, ¿cuántos presos hay?

- Alrededor de 20.000 PPL.

- Entregan 20.000 almuerzos

- 20.000 desayunos, almuerzos y meriendas por $ 2,50 al día, por privado de libertad. Incluye tres comidas.

- Pero familiares denuncian que solo es una comida.

- No. Son las tres comidas, en la zona 1, hace diez días, ya no llevamos alimentos porque el Estado nos adeuda $ 30 millones. Hemos enviado nueve insistencias para que nos paguen y reactivar. No recibimos noticias de ellos y los familiares están donando alimentos para que sean cocinados por nuestro personal en las cárceles.

- Entonces por qué cobran a las familias por la comida, además del comodato. Por ejemplo, un seco de pollo a $15; una fritada a $25

- Los PPL han hecho sus propias tiendas, restaurantes. Pensamos que, a modo de extorsión, les venden alimentos. Entiendo que les exigen que les compren esos alimentos.

- Y entonces, ¿cómo se garantiza la entrega de la comida a los PPL?

- Luego de las masacres, tuvimos que entregar la comida medida, pesada y contada a los ‘caporales’ o responsables de los pabellones, porque no hay ningún tipo de garantía para nuestro personal.

- Pero si son ellos los que extorsionan.

- Lamentablemente eso puede pasar, pero no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado dar las condiciones necesarias de infraestructura, de seguridad, etc.

- Se señaló que en sus camiones se ingresan armas, objetos prohibidos y que hasta en ellos huyen.

- En todas las puertas hay cámaras y todo está evidenciado. Nosotros, inclusive, contamos con esas evidencias.

- Pero el director de las cárceles nos dijo que todavía no funcionaba el sistema completo de las cámaras, escáneres...

- Al salir de nuestra bodega se les pone un candado satelital que no se abre hasta que llega a cada una de las cárceles. Todos los alimentos se bajan a coches y a gavetas, revisado por militares, policías o guías. Sé que es difícil de creer, pero es más seguro ahora porque está controlado por los militares.

- ¿Se ha escondido algo en sus camiones?

- He entrado mis camiones 57.000 veces a los centros de privación libertad a nivel nacional. Jamás al personal de Lafattoria se lo encontró ingresando municiones, celulares, armas. Cosa que sí ha pasado con policías, militares y guías. Por ahí le han encontrado cigarrillos, un par de zapatos que han querido meter. Nunca armamento, droga o producto ilícito a las cárceles.

- Se supone que usted debe ganar un contrato por mérito y resulta que están por convenio.

- En el caso de las cárceles, hay tres zonas. La 2 lo tiene otro proveedor, la zona 3 (Guayaquil) estamos con contratos. La zona 1 está sin contrato desde 2018. Hemos mandado a los últimos cuatro ministros 15 oficios solicitando que suban la licitación, pero no suben.

- ¿Cómo ganaron?

- Ganamos la licitación. En la zona 3 participamos y ganamos, nadie más se presentó (...) En la zona 1 no estamos seguros, pensamos que no vamos a participar, peor ahora que nos deben.

- Desde 2018 tienen convenio con el SNAI, ¿cómo les pagan?

- Todos los meses presentamos una factura al SNAI. Eso demora un mes y allí decide si el convenio de pago lo hace por un mes o dos. Hay una gran cantidad de convenios de pago porque todos los meses necesitamos cobrar. Le debo a 340 proveedores.

- ¿Y cuánto significa en dinero?

- No tengo la data exacta, pero cobramos $12 millones.

- ¿A cuántos niños atienden con el desayuno escolar?

- A 1,6 millones de niños, que es aproximadamente el 48 % de la población de chicos de escuela fiscales, en las zonas más grandes que es Guayas, Pichincha y algunas provincias aledañas desde hace ya 8 años.

- De esto también hay cuestionamientos, que eran únicos proveedores, siempre beneficiados...

- Somos tres proveedores: Lafattoria, El Ordeño y Alianza, del Grupo Gloria, de Perú.

- Usted dice que es señalada la alimentación para los presos, ¿por qué siempre son escogidos?

- No siempre. Hubo otras empresas nacionales, colombianas. Han estado tres meses, 45 días y han dejado botadas las cárceles, porque esto no es fácil. Es un tema de propósito. Todo lo que Dios me ha puesto en las manos lo he tomado, somos un grupo familiar. Hay dudas, desinformación porque se sienta una autoridad y dice ‘pensamos nosotros que las armas entran por la alimentación’.

- ¿A cuánto asciende su patrimonio?

- Nuestro patrimonio está en peligro. Diría que está cerca de $15 millones. El Estado nos debe $ 30 millones.

- ¿De cuánto son los montos de los contratos?

- El Estado nos debe por el desayuno escolar, desde diciembre, $20 millones y en el caso de alimentación de PPL son $10 millones, desde noviembre.

- ¿Y cuánto son los montos de los contratos con el Estado?

- El de la zona 3 es de $ 7 millones. Está por terminarse en seis meses y en la 1 no hay contrato. Y en el desayuno escolar depende del mes. Se producen alrededor de 30 millones de raciones. Son valores importantes. Depende de cuántas nos piden.

- ¿Han sido amenazados, hay temas de extorsión en su cadena de alimentos?

- No ha pasado. Se duda, ¿por qué?, porque la comida es sagrada. Cualquier tipo de delincuente no se mete con la comida, tienen que comer. No se meten con nosotros, porque los alimentamos.

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