La revocatoria del mandato puede considerarse, según analistas políticos, como ese proceso democrático para sancionar o castigar a una autoridad de elección popular por incumplir sus propuestas de campaña, sus funciones o impedir la participación ciudadana. Esta puede impulsarse una vez cumplido el primer año y antes del último año de su gestión.

Sin embargo, en la sociedad civil hay una sensación de que este mecanismo ha sido cooptado por intereses de las fuerzas políticas de turno. “Dentro del Consejo Electoral hay gente que defiende los intereses del Ejecutivo, sea en este Gobierno o en gobiernos anteriores. Entonces me parece que desde ahí han hecho que no se dé paso ni siquiera a la recolección de firmas”, comenta Manuel Macías, del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Edimburgo, Escocia.

En 2011, el activista político Carlos Vera desistió de la entrega de firmas de apoyo a la revocatoria que emprendía en contra del entonces presidente Rafael Correa, como protesta por una variación en el mecanismo. En 2019, en cambio, la Función Electoral y un fallo de la Corte Constitucional (CC) inadmitieron una petición de Galo Valarezo, afín al correísmo, para cesar a Lenín Moreno.

El episodio más reciente de una iniciativa truncada ocurrió en julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó “por falta de pruebas” la recolección de firmas a un colectivo, liderado por el abogado Pedro Granja, que tenía por objetivo buscar la destitución del presidente Guillermo Lasso.

En el artículo ‘La revocación del mandato en las democracias de América Latina’, de Carlos Garrido López, de la Universidad de Zaragoza, se recoge que entre 2010 y 2011 se registraron 730 iniciativas para revocar el mandato de autoridades locales y nacionales, después de que se flexibilizaran los requisitos para acceder a este mecanismo de democracia directa con la Constitución aprobada en Montecristi en 2008 y la Ley de la Democracia, en 2009.

Su espectro de influencia se amplió a todas las autoridades de elección popular, incluyendo al presidente de la República, se redujo el número de firmas y se aumentó el plazo para su recolección. Los registros disponibles del organismo electoral dan cuenta de que al menos seis alcaldes fueron cesados, por ejemplo.

Eso incomodó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que impulsó cambios en la aplicación de esa herramienta con una reforma que se hizo por un fallo de la CC, que se concretó en el 2011, “en la que se exigió incorporar a la normativa reguladora la fundamentación de la solicitud de revocatoria, el aumento de firmas requeridas en función de la autoridad y de la circunscripción, la obligatoriedad de notificar a la autoridad para permitirle formular alegaciones y el reforzamiento de la intervención del órgano electoral”, se lee en el documento.

Desde ese año, se han registrado iniciativas, pero en menor medida. La última revocatoria con éxito corresponde a la destitución de José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, en 2018, reseñan analistas políticos, en medio de la escasez de cifras en el portal web del CNE. Esa institución tiene pendiente una entrevista con Diario EXPRESO.

Franklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que las reformas modificaron el espíritu de la revocatoria: “La democracia directa, que es la consulta popular, la revocatoria, supone que la ciudadanía ejerce directamente su voluntad en las urnas, pero le dieron mucho poder para decidir al CNE sobre qué casos entran o no a procesos revocatorios, lo cual es una forma de desvirtuar el mecanismo”.

El autor de ‘Del vértigo al estancamiento: los procesos revocatorios locales en el Ecuador’ insiste en que “el poder discrecional del CNE” resta oportunidades al ciudadano de hacer uso de la herramienta legal.

Desde otra perspectiva, Pablo Medina, docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), cree, en parte, que el problema está en el perfil que se exige para integrar el CNE, ya que la aparente independencia puede servir de pantalla: “¿Era preferible tener miembros de la Función Electoral alineados a un partido, como antes (para que haya contrapesos frontales y transparencia), o tener consejeros que, sin ser oficialmente de partidos, sabemos que se alían? Y al ser, entrecomillas, independientes, incluso pueden alinearse a sus conveniencias personales. Ese sí es un problema”.

Él tampoco descarta que existan errores técnicos y de logística de quienes impulsan los pedidos.

Por otro lado, el politólogo considera que se debe reestructurar el mapa electoral con normas definidas para fortalecer al partido político, como unidad clave de la democracia. Por ejemplo, con reglamentación y la supervisión rigurosa de la formación de cuadros y de las elecciones primarias, que podrían mejorar la calidad de candidatos y potenciales autoridades, para que sean menos propensas a revocatorias.