Necesaria, pero insuficiente. Ese es el dilema que la cuarta pregunta del referéndum impulsado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha generado en expertos de temas políticos electorales. Pregunta que, según reseña el Decreto Ejecutivo que convocó el proceso, pretende “exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral”.

Pese al discurso oficialista de querer eliminar las organizaciones políticas de papel, Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral y vocero del colectivo Voces por la Democracia, sostiene que la propuesta del Ejecutivo “no impacta individualmente en la vida de la gente, pero sí de manera colectiva”. Es decir, según explica, el efecto que el Gobierno prevé que tendrá la cuarta pregunta del referéndum es a mediano y largo plazo, una temporalidad alejada de los problemas apremiantes para los ecuatorianos como la inseguridad o el desempleo.

Excluyendo aquello, Camacho indica que, así como el buen funcionamiento de la justicia beneficiaría a todos, toda reforma que apunte a mejorar el sistema de partidos políticos ayuda a fortalecer la democracia y, en el mejor de los casos, al mejoramiento a la calidad de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, para el exvocal del Consejo Nacional Electoral y vocero del colectivo Voces por la Democracia, la propuesta del Gobierno de Guillermo Lasso es “insuficiente” para lograr dicha meta.

“(Esta pregunta del referéndum) no resuelve uno de los problemas que se debería resolver: la gran fragmentación que hoy existe de la oferta electoral”, continúa e indica que hay otros aspectos a reformar en el sistema de partidos que sí tendrían mayor impacto en la cotidianidad de las personas. “No se toca la constatación, sino que haya la formación política, el fortalecimiento del Instituto de la Democracia y otros elementos que contribuyan al cambio del sistema vigente”.

Pese a las críticas que Camacho sostiene sobre la enmienda propuesta, Esteban Ron, experto en temas electorales y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Internacional SEK, considera que, si bien es cierto que la aprobación de dicha pregunta del referéndum no tendría un impacto inmediato ni a corto plazo para los ciudadanos, sí lo tendría para las organizaciones políticas.

“(La aprobación de la cuarta pregunta del referéndum) podría causar una remoción interna en la organización de los partidos y movimientos políticos”, señala y asiente que, como ha argumentado el Gobierno, pondría en jaque a las organizaciones políticas que “simulan serlo, los denominados partidos o movimientos de papel”. Esto, según continúa explicando Ron, tendría el efecto de transparentar el funcionamiento interno de las organizaciones políticas y, consecuentemente, orillarlas a que mejoren sus prácticas en los procesos electorales.

Sobre el impacto que la propuesta del Ejecutivo tendría en la vida de los ecuatorianos, Ron aclara que sería a largo plazo, ya que “la mayoría del referéndum es prospectivo, es decir, que sus resultados serán visibles en 2025 (las próximas elecciones presidenciales) y 2027 (las próximas elecciones seccionales). Además, hace hincapié en que dichos resultados serían visibles en el mejoramiento de la calidad de la representación de los ciudadanos a distintas dignidades.

“Habría un mejoramiento de la calidad legislativa, por ejemplo, donde se vean asambleístas que realmente se dediquen a su rol de legisladores y fiscalizadores; y, por ende, la elaboración de leyes apegadas a la realidad y fiscalizaciones sin sesgos”, continúa y explica que también se fortalece la legitimidad de las organizaciones políticas. “Con esto una persona podrá decidir si ya no quiere votar por un partido o movimiento político que terminó siendo de papel, se reconfigura eso y hace que los partidos hagan una serie de cambios para recuperar la confianza de sus votantes”.

Sin embargo, Camacho recuerda que “hecha la ley, hecha la trampa” y que aunque se apruebe la propuesta del Ejecutivo de instaurar un registro de afiliados, “las organizaciones políticas van a encontrar el mecanismo para sortearlo, así como lo han hecho con obligación de cuotas de mujeres y jóvenes”. Esto, según Camacho, porque la cuarta pregunta del referéndum realiza un tratamiento epidérmico a un problema que, según él, necesita un cambio radical en el sistema de partidos.