En la última década, la palabra ‘extradición’ se ha hecho más familiar para la sociedad ecuatoriana, sobre todo en contextos de series de televisión y películas relacionadas con la historia del narcotráfico en países vecinos. En la actualidad, en cambio, el término gana notoriedad porque el 5 de febrero se le preguntará al pueblo si está de acuerdo con implementar esta figura legal para personas ecuatorianas que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado, algo que no contempla la actual Constitución.

Ese mecanismo ha sido usado por naciones para solicitar a otras la entrega de un ciudadano por un delito por juzgar o por el cumplimiento de una sentencia. Por ejemplo, en la historia de Colombia, la extradición ha jugado un papel clave en el debilitamiento de organizaciones narcocriminales, en las últimas décadas.

Por esa vía, las principales cabezas del extinto Cartel de Cali terminaron en cárceles de Estados Unidos. En mayo del 2022, alias Otoniel, líder del Cartel del Clan del Golfo, también fue entregado a ese país.

John Marulanda, coronel en retiro del Ejército colombiano, destaca que la aplicación de esa figura legal ha tenido un impacto efectivo en el combate a las estructuras del crimen organizado de la nación cafetalera. En principio, dice el experto en defensa y seguridad, por la información sensible de los carteles y bandas que recogen las autoridades de Estados Unidos de la boca de la mayoría de personas extraditadas, quienes hablan a cambio de reducciones de penas u otros beneficios.

“Porque los miembros de las estructuras quedan en evidencia, sus nombres quedan registrados. Y ellos (elementos del crimen organizado) saben que en cualquier momento les caerán encima. Se genera un efecto de dominó de miedo (en sectores ilegales y en la sociedad en general)”, explica Marulanda, quien enfatiza que las pesquisas de las agencias norteamericanas (no tan corruptibles como las entidades sudamericanas) han ayudado a desenmascarar a personas públicas y privadas que quizás no estaban en el radar de las autoridades locales.

El hecho de estar lejos de su país y en cárceles poco cómodas también amilana a los capos de la droga y a sus lugartenientes. De ahí la frase icónica de los extraditables, un grupo de narcotraficantes liderados por Pablo Escobar a finales de los años 80 e inicios de los 90: “Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

Para Efrén Guerrero, analista en temas de seguridad y derechos humanos, la pregunta sobre la extradición tenía que haber sido planteada como parte de una propuesta más amplia para combatir la delincuencia y el crimen organizado, y discutida con todos los actores relacionados con el tema.

“El presidente Lasso no ha explicado cuáles son los alcances de su política de seguridad, más allá de lo que hemos visto. No hay un texto de análisis que hayamos podido ver, y el Ejecutivo debe centrarse en una serie de ejes: el manejo carcelario, la depuración del SNAI (a cargo de cárceles), (tener) jueces bien formados que actúen con libertad y protección adecuada, y un aparataje de seguridad ciudadana, de control urbano”, sugiere el docente de la asignatura Teoría del Estado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

A la par, el Estado debe trabajar en el plano social, apunta Guerrero. “¿Cómo asegurarnos de que personas empobrecidas, con vulnerabilidades sociales, no vean al crimen organizado como un mecanismo para tener cierta movilidad social?”, cuestiona.

De ganar el Sí: Inquietud sobre los alcances

Entre los expertos en Derecho Constitucional hay un sinnúmero de interrogantes frente a los alcances de la extradición de ecuatorianos. Carlos Herrera, docente en la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), comenta que hace falta información sobre el proceso en específico que se aplicará de ganar el Sí: “¿Quién va a garantizar que el pedido no sea por una persecución? ¿Quién garantiza que el proceso de extradición se dé con trato justo o que sea sometido a tratos crueles? Por ejemplo”.