Un problema que tiene muchas causas. El recrudecimiento de la violencia en Ecuador, según analistas consultados por este Diario, es un efecto de la amplia y sistemática desatención del Gobierno nacional a distintas áreas que, en su conjunto, han deteriorado el bienestar del Estado ecuatoriano.

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La educación, la salud y la generación de oportunidades son algunos de los sectores que se ven mermados por una clase política distante, una justicia viciada y una institucionalidad corrompida. Aunque los diagnósticos sobran, analistas los repasan a EXPRESO y exponen las posibles acciones a tomar en estas áreas para un combate integral al crimen organizado.

El frente social, en especial el educativo, sufre las consecuencias del deterioro del Estado, sostiene Isabel Vargas, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Aunque resalta que “un pueblo educado es uno que progresa”, reconoce que la realidad del país se impone ante la posibilidad de que niños y adolescentes se eduquen.

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“¿Cómo un estudiante puede tener condiciones óptimas para el aprendizaje cuando sus padres están sin trabajo, si son hijos de campesinos o cuando existe violencia intrafamiliar?”, cuestiona Vargas y hace hincapié en que estas circunstancias ahondan la deserción escolar y vuelve a los niños y adolescentes presas fáciles del crimen.

De hecho, recuerda que este escenario empeoró durante la pandemia, desde la cual cerca de 250 mil estudiantes no han retomado sus estudios. “Esto, sumado a que, según la Policía, seis de cada 10 detenidos son menores de edad, vuelve alarmante la situación”, acota.

Pese a la gravedad de los problemas, Vargas señala que la prioridad para combatir la crisis debe estar en fortalecer las áreas pedagógicas de la educación pública, retomar el programa de reinserción escolar, así como dar el financiamiento adecuado.

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Como si de una cadena de eventos se tratara, Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, acota que este grupo social, así como los desempleados, se vuelven vulnerables ante el crimen organizado por la falta de generación de riqueza y, por ende, de oportunidades.

“Durante los últimos 43 años, el país no ha generado riqueza, se ha mantenido en déficit fiscal, no ha fomentado las exportaciones, no ha avanzado en competitividad, no se ha insertado en los mercados internacionales y no ha modificado su política laboral”, explica.

En ese sentido, dice tener una buena impresión de las acciones del gobierno de Daniel Noboa, pero que la “dirección correcta” a caminar es defender la dolarización y generar un ambiente de seguridad jurídica para la atracción de inversión extranjera.

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Por su parte, el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aunque considera que el manejo de la economía nacional no tiene un efecto directo sobre el recrudecimiento del crimen, sí sostiene que su desatención genera un ambiente de falta de estabilidad y aumento de la pobreza.

Desde ese punto de vista, para fortalecer la inversión social, Pozo señala la necesidad de que el Estado reduzca su tamaño porque “a veces no es que no haya plata, sino que no se la usa eficientemente”. Indica que es momento de impulsar reformas que estimulen la inversión.

“Hay reformas que tienen que producirse como, por ejemplo, el trabajo por horas, los costos de despidos, los costos de contratación, la jubilación patronal...”, acota Pozo y añade que, aunque controversial, el subsidio a los derivados del petróleo debe ser focalizado.

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Sin desconocer las necesidades sociales, la constitucionalista Ximena Ron señala que la desatención de las mismas pasa por el deterioro de la institucionalidad del Estado. Situación que “reduce la confianza de la ciudadanía y permitiendo que esos vacíos sean tomados por los grupos irregulares”.

El recrudecimiento de la criminalidad en el país, según continúa, es la mayor muestra de esa desatención. “Cuando las instituciones y las funciones del Estado no realizan de forma adecuada sus competencias de control permiten que acciones irregulares se normalicen”, dice.

Las soluciones, según Ron, requieren de compromiso político y de tiempo para ser ejecutadas. “La Función Judicial debe realizar un proceso de depuración de jueces y fiscales; la Legislativa debe seguir el cumplimiento de las normas, y la Ejecutiva debe realizar una mayor inversión en atención social”.

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Del mismo modo, la constitucionalista sostiene que hay cambios institucionales pendientes. “El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y el Consejo de la Judicatura es claro que no han funcionado”, acota y lamenta que estos temas no hayan sido abordados en los pliegos de preguntas propuestas por el Gobierno nacional para su consulta popular.

Esos cambios, en especial los referentes al sistema de justicia, según comenta el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, no pueden esperar más. Sobre todo luego de que el país conoció la profundidad de su deterioro gracias al caso Metástasis, seguido por la Fiscalía General del Estado, que revela los nexos de la Función Judicial con el narcotráfico.

En dicho caso, el Ministerio Público difundió cientos de chats entre el narcotraficante Leandro Norero (+) y más de una docena de personas que fungían como sus operadores, además de las menciones a policías, guías penitenciarios y miembros de la Función Judicial. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y una treintena de personas más están siendo procesados.

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“Desgraciadamente, se ha comprobado que algunos jueces corruptos han sido cómplices de narcotraficantes, ahora terroristas”, comenta el extitular de la Corte Suprema y hace hincapié en que actualmente no existe otra alternativa más que “proceder con un cambio, que no solamente sea de personas, sino de la estructura constitucional y legal de la Función Judicial”.

A diferencia de otras opiniones jurídicas, Gómez señala que no habría la necesidad de eliminar el Consejo de la Judicatura, pero sí dejarlo solo como un ente administrativo y que el resto de funciones pasen a la Corte Nacional. Según continúa, esto es imprescindible para erradicar de una vez por todas que “una sola persona haga uso de esas potestades y comience a cambiar jueces y a pedir fallos”.

A la par de estos cambios de fondo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia resalta la necesidad de hacer una evaluación y depuración integral de todos los niveles de la Función Judicial. De no hacerlo, según acota Gómez, se volvería infructífero cualquier cambio que se pretenda hacer para intentar sanear y mejorar el sistema de justicia.

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Del mismo modo, hace hincapié en que la justicia constitucional debe “precisar” las acciones constitucionales, como las acciones de protección y los habeas corpus. Este elemento, según Gómez, también es importante en el combate al crimen organizado para evitar lo que suceda ahora, “que a través de una interpretación de un juez corrompido se pueda lograr cualquier cosa”.

Tanto la constitucionalista Ron como el expresidente Gómez señalan que estos aportes al combate del crimen, aunque puestos sobre la mesa, necesitan de voluntad y compromiso político para poder ser ejecutados. Sin embargo, según Ana María Correa, docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito, esa no es la realidad de la clase política que gobierna al Estado.

“En la medida en que el Estado se ha convertido en botín a repartir, ya sea en cargos, contratos, influencia, etc., se ha devaluado el concepto de servicio público”, define Correa y sostiene que la penetración del narcotráfico en la política y en la función pública vista en el caso Metástasis explica la dificultad para poder concretar los cambios necesarios.

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Pero eso solo es la punta del ovillo, según la docente. Esta arista del problema, a criterio de Correa, se empieza a combatir desde su mismo origen: las organizaciones políticas. “Cuando desaparecen los partidos políticos como estructuras con militancia política y una estructura de militancia, los candidatos compran vehículos electorales para presentarse a elecciones. Allí no importan las ideas”.

Al igual que en el resto de sectores, Correa considera que el sistema de partidos debe ser depurado y repensado para empezar a generar verdaderos cambios a futuro. De hecho, sostiene que este tema pudo haber sido abordado en la consulta popular del Gobierno, pero que, lastimosamente, en las primeras once preguntas, este se decantó por “gastar recursos en cosas que ya puede hacer”.

Pese a ser soluciones, son a largo plazo. Correa reconoce que el recrudecimiento del crimen en el país también necesita de acciones políticas ahora. “Hay que concretar los mensajes de unidad. Del lado de la oposición, se verá, por ejemplo, en el tratamiento del nuevo proyecto de ley urgente (referente al aumento de tres puntos al Impuesto al Valor Agregado). El Ejecutivo, por su parte, debe dejar la retórica de descalificación y algunas acciones sin piso para empezar a trabar”, acota.

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