Pasadas las 14:00 del jueves 22 de septiembre, Diario EXPRESO buscó una respuesta ante la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre la falta de un servicio digital para que los ciudadanos puedan consultar si están afiliados a una organización política, por los escándalos de las firmas falsas con las que se ha dado vida jurídica a partidos y movimientos desde hace una década.

En agosto pasado, decenas de aspirantes a policías y a miembros de las Fuerzas Armadas se enteraron de que eran parte del registro de organizaciones políticas sin haber dado su consentimiento, cuando fueron a solicitar un certificado de apoliticismo al CNE para el proceso en el que están postulando.

La presidenta del CNE contestó: “Ese proyecto está avanzando un poco lento porque se necesitan recursos. También está un poco demorado porque la página web estaba caduca”. La funcionaria dijo que esta semana presentarán el nuevo portal.

Sin embargo, en horas de la noche del mismo jueves, el CNE activó la opción de consulta, que presentó problemas, según reportes de usuarios. La tarde del viernes, el sistema estuvo un poco más estable. Los ciudadanos tienen que registrarse en la página web de la entidad y agregar ciertos datos de la cédula de identidad. Una opción similar estuvo en línea hasta 2012, pero fue eliminada.

Eso ocurrió tras el escándalo de firmas falsas que denunciaron cientos de ciudadanos cuando se llevaron la sorpresa de pertenecer a una organización política. Ese año terminaba el plazo del proceso de inscripción y reinscripción de partidos y movimientos que se estableció con la vigencia del Código de la Democracia en 2009. Un año después de que se instale la Asamblea Constituyente, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, ahora prófugo.

“Como había miles de delitos cometidos en la creación de partidos optaron por tapar el sol con un dedo”, comentó Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral.

En el 2012, el entonces titular del CNE, Domingo Paredes, presentó una denuncia en la Fiscalía para reportar la falsificación de las firmas de 63 funcionarios del organismo electoral. En total, las rúbricas fraudulentas atribuidas a servidores públicos ascendían a casi 300. En una revisión de este Diario a los registros públicos, se presentaron 340 noticias del delito por usurpación de identidad y por falsificación de documentos, a nombre del CNE, al final de ese año.

En la Función Judicial consta un proceso impulsado por Paredes, por el uso doloso de documentos públicos en el que se investigó a la directora financiera de una organización política, que buscaba su inscripción y que habría participado de una red que manejaba bases de datos de ciudadanos. El último registro disponible del caso data del 3 de diciembre de 2012, luego que un juez le otorgara la medida de presentación periódica a su despacho.

El portal Plan V conversó semanas atrás con el abogado Fabián Salazar, quien en ese entonces participó como fiscal en los operativos para desarticular un entramado de falsificadores. Dijo que entregó los indicios al fiscal Paúl Ponce, quien sustanció el caso, pero que hasta ahora no encuentra la sentencia. Este Diario solicitó una entrevista a la Fiscalía; aún está pendiente una confirmación.

La presidenta Atamaint aseguró que tampoco ha sido notificada de alguna sentencia al respecto. “Eso no sería una infracción electoral. Eso es tratado por fiscales y jueces”, dijo la funcionaria, quien evitó calificar el papel de la justicia ante un posible caso de impunidad.

Sobre la aparente falta de justicia, el exvocal del CNE, Fausto Camacho, comentó que la salud de la democracia queda en entredicho por los orígenes fraudulentos de organizaciones políticas, que siguen participando de los procesos electorales: “Porque tomaron la identidad de millones de ciudadanos para hacerse de una personería jurídica a la que no tenían derecho”.

Desde las organizaciones políticas se ha reconocido el problema generalizado. El presidente de Avanza, Javier Orti, dijo que con el operativo de revalidación que ejecutó el CNE en ese entonces se desecharon los registros falsos. “Hoy no sé cómo se esté dando el tema”, comentó.

Los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral se posesionaron en noviembre de 2018. Atamaint afirmó que se solicitó una auditoría a la Contraloría, entidad que recomendó en 2020 medidas para mejorar la validación de las firmas. Esta detectó que se aceptaron más de 17 mil registros de cédulas no válidas y más de mil rúbricas de personas fallecidas, menores de edad, policías y militares en servicio activo, en la creación de partidos y movimientos.

“Hacemos una segunda revisión una vez que ya han pasado el proceso. Hemos implementado esto en virtud de que no tenemos presupuesto para hacer los cambios tecnológicos”, aseguró la servidora electoral.

Por ejemplo, al CNE le hace falta un programa informático para cotejar las huellas dactilares de la persona que supuestamente brinda su apoyo a una organización política con los patrones de la base de datos del Registro Civil. Esta herramienta daría mayor rigurosidad a la validación de las rúbricas. Atamaint refirió que el factor económico ha influido en la demora de la modernización de los sistemas, que sí está considerada en el plan estratégico 2022-2025, de unos $ 425 millones.