En un caso que ha conmocionado a todos, una profesora enfrenta un juicio por presuntos actos de violencia y tortura en contra un estudiante cuando tenía tan solo 5 años (hoy tienen nueve), quien además padece de autismo y epilepsia. Este espeluznante incidente ha evidenciado las brechas y desafíos en el sistema educativo, la falta de preparación docente y la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se aborda la inclusión de personas con discapacidades.

'Mateo', cuyo nombre se ha protegido, vivió una pesadilla que ningún niño debería experimentar. La profesora titular, no encontraba una manera adecuada de trabajar con él debido a sus condiciones de discapacidad. Como resultado, le asignaba una sobrecarga de tareas o le entregaba su teléfono celular para distraerlo, y poder trabajar con sus compañeros de clase, incluso lo designaba a otra profesora quién ahora es la procesada.

La historia se torna aún más escalofriante cuando se revela que la profesora suplente era quien pinchaba al pequeño con una aguja. Un video en cadena de custodia mostraba al niño confesando que la maestra lo hincaba cuando no realizaba sus tareas, incluso llegó al extremo de pincharlo en sus partes íntimas. 'Mateo', angustiado y con regresiones en su comportamiento, comenzó a orinarse en la cama y sufrió un aumento en sus ataques epilépticos.

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El sufrimiento de 'Mateo' fue en crecimiento por la falta de respuesta y apoyo de la institución educativa religiosa ubicada al sur de Quito. Cuando los padres se acercaron a la rectora en busca de ayuda, esta no solo no protegió al niño sino que les sugirió que lo retiraran de la escuela. No hubo informes del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que documentaran los actos de violencia.

Sybel Martínez, quien estuvo involucrada en el caso como directora del Grupo Rescate Escolar, señala que este tipo de atrocidades deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Martínez recuerda que es inaceptable que la acusada haya podido cambiar de ciudad y abrir un centro de refuerzo escolar sin enfrentar consecuencias legales. "Se ha solicitado a la junta de protección de derechos que se le prohíba ejercer y que reciba tratamiento psicológico antes de cualquier posibilidad de reintegración", explicó.

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Sin embargo, lo más alarmante es que este caso ha dejado en evidencia las profundas falencias en el sistema educativo en Ecuador en cuanto a la inclusión de personas con discapacidades. Vladimir Andocilla, presidente de APADA Nacional, y experto en derechos humanos de personas con discapacidad, subraya que el autismo es una discapacidad invisible que a menudo lleva a la discriminación y la estigmatización. "Los docentes deben estar debidamente preparados para atender las necesidades de estudiantes con autismo y otras discapacidades, lo que implica no solo una capacitación formal, sino también una profunda comprensión de las complejidades de la neurodiversidad", explica.

Este martes 19 de septiembre, la acusada no se presentó al juicio por un aparente dolor de muela.

A pesar de que existen normativas que garantizan la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo, las políticas públicas, la capacitación docente y el control en la educación privada siguen siendo áreas pendientes de mejora. 

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