Viernes 5 de mayo: un hongo atómico se levanta sobre los restos del juicio político contra el presidente de la República. Por la mañana, el presidente de la mesa de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, hizo público el informe motivado que la Comisión conocerá en su sesión del sábado. En él se recomienda no proceder al enjuiciamiento político de Guillermo Lasso por no haber conseguido los acusadores demostrar su responsabilidad en un presunto caso de peculado. Por la tarde, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, absolvió de una vez y para siempre todas las dudas sobre el procedimiento y determinó que ese informe, se apruebe o no en la Comisión, es el único posible. Su pronunciamiento es vinculante para las partes.

Derrota de la oposición en todos los frentes. Para empezar, el procurador ratifica que son los asesores de la Comisión los encargados de elaborar el informe según lo establece la ley, cosa que los asambleístas Bruno Segovia y sus colegas correístas y socialcristianos trataron de evitar a toda costa, incluso con presiones, amenazas y demostraciones de fuerza. En segundo lugar, dictamina que no existe la posibilidad de elaborar un informe de minoría. Y que es potestad del presidente de la mesa de Fiscalización incluir o no, en calidad de anexos, las posiciones de quienes se manifiesten en contra del informe. Tercero: aunque la mayoría de los miembros de la Comisión voten en contra (como en efecto ocurrirá hoy sábado casi con certeza), será ese mismo informe improbado el que se envíe al presidente de la Asamblea para que lo ponga en conocimiento del Pleno, por la sencilla razón de que no hay otro. ¿Y si el Pleno insiste en el juicio político? Todo parece indicar que tendrá que comenzar de nuevo, pues para enjuiciar políticamente al presidente se requiere un informe motivado y para tener un informe motivado hay que seguir todos los pasos del debido proceso.

Otro que quedó colgando en el vacío con el pronunciamiento de la Procuraduría es el asambleísta socialcristiano Esteban Torres, que había presentado la misma consulta a una autoridad mucho menor: el secretario jurídico de la Asamblea. Esperaba obtener de él una suerte de permiso para elaborar un informe de minoría que pudiera ser discutido por el Pleno, una vía explícitamente contraria a lo que establece la ley. Lo que el secretario jurídico de la Asamblea tenga que decir ahora, una vez conocida la respuesta del procurador, es irrelevante.

En cuanto al informe que será conocido el sábado por la Comisión de Fiscalización, se trata de un documento de 300 páginas que se ciñe estrictamente al dictamen de la Corte Constitucional que dio paso al juicio político. Es decir: excluye todos los hechos y las pruebas que en la acusación original no se relacionan con el caso de peculado en los contratos de Flopec con Amazonas Tanker, tal como dispuso la Corte. Algo que los acusadores no siempre se molestaron en hacer.

El informe vuelve a la enunciación y análisis de los nueve “hechos base” del caso (que los acusadores trataron de alterar durante el proceso) y determina que son indemostrables: no lograron probar los acusadores que el presidente conoció los hechos denunciados por el exgerente de Flopec Johnny Estupiñán; tampoco que este funcionario fuera destituido por haber tomado la decisión de terminar el contrato con Amazonas Tanker (cosa que, finalmente, no hizo); no establecieron por qué razón el presidente Guillermo Lasso estaría involucrado en una glosa determinada por la Contraloría contra quienes fueron autoridades de Flopec en 2020... Y, sobre todo, no exhiben la prueba madre: el contrato con Amazonas Tanker supuestamente firmado por el gobierno en julio de 2022. Y no lo exhiben por la sencilla razón de que no existe. “Tráigamelo, asambleísta Veloz, y voto a favor del juicio”, dijo Fernando Villavicencio en una rueda de prensa que ofreció al mediodía. Tarde: a este paso, no va a haber juicio.

Villavicencio vuelve al frente

Para el sábado a las 10:00 está convocada la sesión final de la Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio volverá a ocupar la presidencia, que le fue apelada por el correísta Roberto Cuero y con votos de la mayoría de oposición, a los que el propio Villavicencio sumó el suyo. En esta ocasión la sesión será virtual, lo que le facilitará el control de las posibles situaciones espinosas que se le presenten.