Presidente Daniel Noboa permanecerá en Latacunga, afirma Gobierno

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno Nacional, en rueda de prensa confirmo que el presidente Daniel Noboa se instalará temporalmente la sede del Ejecutivo en Latacunga, desde donde supervisará la implementación del plan de redistribución de recursos e incentivos sociales.

“En otros gobiernos, frente a situaciones complejas, los presidentes huían y se escondían. Este Gobierno ha decidido venir a territorio, estar de frente y supervisar la aplicación de las medidas”, afirmó Jaramillo.

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Aunque no precisó por cuánto tiempo se mantendrá el despacho presidencial en Cotopaxi, indicó que varias autoridades y ministros también se trasladarán a la provincia para cumplir con sus agendas.

Respecto al traslado de la sede del ejecutivo explicó que es potestad del presidente de la Republica trasladar la sede a cualquier lugar del país, en esta ocasión se traslado a Latacunga donde mantendrán una agenda ampliada varios ministros de estado.

Uno de ellos el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien la tarde de este lunes 15 de septiembre se reunirá con los transportistas de la provincia para tratar sobre el tema de las compensaciones.

Control de precios y especulación

Ante la preocupación por posibles aumentos en los productos de la canasta básica, la vocera aseguró que el Gobierno coordina controles para evitar especulación. “Se están entregando recursos directamente a transportistas y agricultores para garantizar que no haya incremento de pasajes ni afectación al agro. No hay justificación para que suban los precios”, sostuvo.

Añadió que más de 1.700 transportistas ya se han inscrito en el sistema habilitado por el Ministerio de Transporte para recibir las transferencias, lo que busca dar transparencia y evitar distorsiones.

Finalmente, Jaramillo insistió en que las decisiones del Gobierno apuntan a construir un país más justo. “Hoy los recursos se están destinando de manera directa a quienes lo necesitan. Los incentivos al transporte tienen una implicación directa en la vida de miles de ciudadanos que utilizan este servicio público, cuya paralización está tipificada como delito en el COIP”, recalcó.

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