Una decisión que quizá puso a correr a más de uno. El anuncio del Decreto Ejecutivo 707, realizado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que autoriza la tenencia y porte de armas para defensa personal en la población civil, los cogió desprevenidos. Desde el lunes 3 de abril, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional se encuentran trabajando en cómo se evaluará a los ciudadanos que deseen obtener un certificado psicológico, toxicológico, y uno que autentifique las destrezas en el manejo de armas de fuego.

Este Diario quiso obtener la versión de las instituciones que se convirtieron en la voz mandante del proceso y fueron asignadas como los ‘filtros’ que los ciudadanos interesados en portar un arma deben cruzar, para conocer los parámetros. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo periodístico, no emitieron una respuesta clara. Una fuente cercana al MSP manifestó que los “tomó por sorpresa”.

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Entre los requisitos que establece la reforma al artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos, entregada este fin de semana por el Gobierno nacional, se considera que una persona natural que desee portar un arma de uso civil debe ser mayor de 25 años, no haber sido sentenciada con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, y debe ser validada por los organismos competentes como una persona apta para el uso de este artefacto de fuego.

“Sin embargo, es probable que el MSP no estuviese preparado ni tuviese una noción clara sobre el tipo de procedimientos que se efectúan para aprobar psicológicamente a los ciudadanos que deben portar un arma”, sostiene la especialista en psicología clínica Deborah Adum.

La especialista añade que, posiblemente, al no tener nada preparado para el proceso, “intenten imitar algún procedimiento de otro país donde las armas sean permitidas. Hay que enfatizar que las pruebas psicométricas deberían estar estandarizadas, pero escasamente hay exámenes así en Ecuador”.

Asimismo piensa el psicólogo Luiggi Sáenz de Viteri, quien manifiesta que la obtención de un permiso de porte de armas exige una evaluación exhaustiva a toda la población: “La finalidad debería ser el determinar la estabilidad emocional y la capacidad de la persona para manejar situaciones de estrés y tomar decisiones racionales en un contexto de alta presión, esto incluye que se hagan entrevistas y pruebas estandarizadas”, dice.

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Sáenz de Viteri advierte que el tema que se abre en los servicios de salud, “es altamente controvertido y polarizado, por lo que las decisiones tomadas en torno a su regulación deben ser cuidadosamente consideradas y basadas en la evidencia”. En este último punto, el psicólogo diagnostica que, probablemente, “no han tomado en cuenta que los países con menor cantidad de violencia armada y muertes asociadas a ella son precisamente aquellos que han tomado una dirección contraria a la que Ecuador pretende seguir, más aún cuando las instituciones públicas son ineficientes”.

Bolívar Obando, magíster en psicología jurídica y forense, enfatiza en la necesidad de preparar al personal de salud mental para estas certificaciones y cree necesario la elaboración de un Manual Nacional de Acreditación para personas que aspiren a poseer y portar un arma. “En la construcción de este manual deben trabajar equipos interdisciplinarios del MSP, del Gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, universidades, asociaciones y ciudadanía civil”.

Esto ayudará, agrega, a que los profesionales evalúen las mismas variables y de la misma forma a las personas solicitantes, sea cual sea el lugar donde inicien la acreditación.

Según Obando, al existir un manual nacional, los profesionales de la salud mental podrán mantener un camino claro y específico en estos escenarios. “Dejando a un lado posibles sesgos o actos de otra índole”.

Priscilla Ksiezopolski, ecuatoriana radicada en Washington y especialista en recursos humanos de la Guardia Costera de Estados Unidos, aplaude la decisión gubernamental para la portación de armas para seguridad personal. Sin embargo, Ksiezopolski afirma que el uso de armas en Ecuador debió ser algo progresivo, y donde de antemano el Gobierno haya tenido un procedimiento claro para la obtención y uso de un arma de fuego.

“En Estados Unidos, cada estado tiene su propia normativa, pero en general los formularios contienen preguntas muy puntuales que determinan la identidad de una persona, y si no está conectada a alguna organización terrorista o tiene antecedentes penales. Es necesario que aprueben el curso para el uso de armas, que normalmente para los civiles es un arma pequeña con un máximo de 6 balas. La aprobación de toda la documentación debe ser verificada y luego de dos meses tendrían el certificado de uso” compara Ksiezopolski.

Las pruebas necesarias para el filtro

Sobre los parámetros con los que se debería medir a los ciudadanos para la obtención del documento que les permita portar y hacer uso del arma, Deborah Adum, máster en psicología clínica, calcula que “tomaría alrededor de seis meses elaborar una batería de pruebas estandarizada para la población ecuatoriana”. De lo contrario, advierte, “corremos el riesgo muy grande de que no sean correctas las que se toman, y elaboraríamos una cortina de humo para que cualquiera las apruebe”.