La medida cae en tiempo y lugar equivocado. Si hay algo que preocupa a juristas especializados en derecho penal, es la escasa cultura jurídica que existiría en los ciudadanos a la hora de hablar de legítima defensa; sobre todo en un escenario donde los habitantes viven en alerta por la ola de inseguridad que golpea al país y que ha llevado al Gobierno nacional, como medida disuasiva, a autorizar la tenencia y uso de armas.

Un vacío que se sumaría, según el abogado penalista, Kleber Siguencia Suárez, a la precariedad que aqueja a la justicia del país, ante la falta de peritos y fiscales que, de ser el caso, son los llamados a realizar las experticias para corroborar que los ciudadanos hayan accionado el gatillo del arma de fuego bajo los parámetros que estipula el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “No existirá infracción penal cuando la conducta se encuentra por el estado de necesidad o legítima defensa” (ver gráfico).

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Dos aristas importantes que llevan a pensar a Siguencia que Ecuador no está “preparado para portar armas; porque tenemos vacíos legales, hace falta infraestructura y personal especializado en cuestión jurídica y criminalística”, explica, y agrega que, incluso, el alto nivel de inseguridad es contraproducente para esta medida, porque “vivimos en una sociedad conflictiva, producto de la delincuencia”. Por ejemplo, continúa con la explicación, “en una riña callejera en medio del tránsito, alguien que no sepa controlarse puede matar a alguien con su arma por el simple hecho de estar en ese ambiente de disputa”.

Pese a las falencias anexas que la medida pueda traer, Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exjefe de Inteligencia Militar, señala que la decisión del Gobierno es acertada. “El Estado se está dando cuenta que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos”, continúa y sostiene que, si bien es cierto que puede haber corrupción, “lo importante es que las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto puedan demostrar que van a extremar las medidas de control”.

Asimismo, destaca que, con la vigencia de esta medida, es cierto que será responsabilidad del Estado “agilizar la normativa legal para que el porte de armas sea efectivo, tiene que estar articulado correctamente. Caso contrario, por más porte de armas que exista, no tendremos mayor eficiencia”. Sin embargo, pese a los numerosos pendientes que reconoce aún deben ser resueltos en el Estado, indica que “peor sería que le demos la garantía al delincuente que siga actuando a vista y paciencia de todos. Los ciudadanos deben tener una medida disuasiva”.

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Sobre esto, Diario EXPRESO intentó comunicarse con Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, entidad encargada de coordinar la ejecución de la medida, para consultarle sobre si se consideraron las limitaciones del Estado al momento de tomar la decisión, pero ignoró la consulta. Sin embargo, más temprano, en una entrevista concedida a Ecuavisa, Ordóñez indicó que se establecerán controles para detectar anomalías en el proceso de certificados y que, pese a que se pueden dar, eso “no puede establecerse como una limitación”.

Por su parte, Xavier Flores, abogado y analista político, hace hincapié en que “este tipo de trámites que involucran un control, una burocracia, etc., el Estado lo ha hecho mal”. También recuerda que los vicios de corrupción ya se han visto en los carnés de discapacidad, licencias y demás temas. “Siendo tan sensible el tema, es riesgoso. El Estado está permeado de corrupción y esas deficiencias juegan en contra de una adecuada regulación”, sostiene.

Con este análisis concuerda el criterio del analista político Jorge Peñafiel, quien señala la medida disuasiva del Gobierno contra la inseguridad como inoportuna, que agrava el ambiente de violencia que se puede convertir en algo incontrolable: “El Estado ecuatoriano no tiene la capacidad total para emitir certificados con las debidas regulaciones; porque ni siquiera pueden emitir pasaportes o cédula, y queremos dar certificados a personas que estén debidamente autorizadas. Es decir, con los exámenes pertinentes como el psicológico, psicomotrices, de conducta y pasado e historia criminal. El Estado no la tiene, será una pérdida total”. Añade que esta norma podría abrir una ventana a la ilegalidad: “Empezarán a ver aún más armas en el mercado negro o no reguladas”.