Reproducción humana asistida: ¿qué argumentos frenan su aprobación en la Asamblea?
Especialistas alertaron riesgos médicos, vacíos legales y posibles demandas al Estado por efectos de la reproducción asistida
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional recibió este martes 10 de febrero de 2026 aportes técnicos y jurídicos al proyecto de ley que regula la reproducción humana asistida, en trámite para segundo debate, durante la sesión presencial número 101.
La comparecencia se realizó con quórum reglamentario y contó con la participación del médico Francisco Well y del abogado Víctor Valle, quienes expusieron alertas sobre salud infantil, derechos constitucionales y posibles impactos legales del proyecto.
Ambos voceros coincidieron en que la normativa, tal como está planteada, no incorpora información científica actualizada ni garantiza plenamente los derechos de los niños concebidos mediante estas técnicas.
Evidencia científica y riesgos en niños nacidos por técnicas in vitro
El Dr. Francisco Well, experto en reproducción asistida y coordinador de proyectos financiados por la Comisión Europea, explicó que desde 2012 se ha acumulado evidencia científica sobre los efectos de estas técnicas en el desarrollo humano. “He seguido este proyecto desde que fue presentado en 2024 y la labor del legislador es informarse con ciencia actualizada”, afirmó, al recordar que en 2018, cuando la Corte Constitucional instó a regular estas prácticas, no se conocían estos datos.
Well detalló que las enfermedades asociadas a la reproducción asistida se agrupan en tres categorías: las detectables antes del nacimiento, las que aparecen al nacer y las que se manifiestan a mediano y largo plazo.
Patologías prenatales, neonatales y a largo plazo
Entre las enfermedades prenatales mencionó placenta previa, malformaciones del sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio y desórdenes de imprinting genético, con aumentos de riesgo “muy significativos”. En el segundo grupo, explicó que neonatólogos reportan mayores tasas de prematuridad, bajo peso al nacer, convulsiones neonatales, ingreso a cuidados intensivos y mayor mortalidad perinatal.
A largo plazo, citó evidencia sobre parálisis cerebral, epilepsia, trastornos del espectro autista, hipertensión, asma y ciertos cánceres como leucemias y linfomas, además de enfermedades vinculadas a la crioconservación embrionaria.
Propuesta de comisión técnica y moratoria
Well indicó que existen más de 12 millones de niños nacidos mediante estas técnicas en el mundo y que ya se registran demandas contra Estados por daños asociados. “En España hay una sentencia de 400 mil euros por el nacimiento de una niña con una enfermedad asociada”, señaló, advirtiendo que Ecuador podría enfrentar reclamaciones similares.
Por ello, propuso crear una comisión técnica que evalúe la salud pediátrica de los niños nacidos por reproducción asistida en el país y establecer una moratoria temporal hasta conocer el impacto real de estas prácticas.
Alternativas médicas y enfoque restaurativo
El especialista aclaró que su intervención no busca impedir soluciones a la infertilidad, sino promover alternativas médicas más seguras. “Hoy existen tratamientos restaurativos que diagnostican la causa de la infertilidad y buscan revertirla”, sostuvo, asegurando que Ecuador podría aprobar una ley “progresista y orientada al futuro”.
Finalmente, pidió a los asambleístas actuar con responsabilidad para evitar que la ley deje desprotegida a futuras generaciones y reiteró que la información científica ya fue entregada a la comisión.
Observaciones jurídicas al proyecto de ley
Desde el ámbito legal, Víctor Valle, vicepresidente del estudio jurídico Dignidad y Derecho, recordó que la ley fue impulsada por la Corte Constitucional ante la ausencia de regulación, pero aclaró que debe armonizarse con la Constitución.
Valle destacó como avance la prohibición de la gestación subrogada, pero advirtió que persisten vulneraciones al derecho a la vida, a la identidad y a la salud en el texto actual. “No hablamos de células, hablamos de embriones humanos”, afirmó, al cuestionar que el proyecto permita el uso, descarte, selección y congelación embrionaria.
Derecho a la vida y protección desde la concepción
El abogado señaló que los artículos 17 y 19 del proyecto reconocen prácticas que, desde corrientes bioéticas y filosóficas, implican la cosificación de seres humanos. Advirtió que el artículo 7 vulneraría el artículo 45 de la Constitución, al establecer una protección gradual que inicia con el nacimiento. “No se puede ser más o menos persona; existe igualdad de derechos”, sostuvo, citando además el artículo 424 de la Constitución sobre prevalencia de normas más favorables.
Uno de los principales cuestionamientos fue el anonimato de los donantes de gametos, contemplado en varios artículos del proyecto. “¿Cómo se protege el derecho a la identidad si se impide conocer el origen biológico?”, preguntó Valle, al citar la Convención sobre los Derechos del Niño. Explicó que el derecho a la identidad incluye la procedencia familiar y que la reserva absoluta de datos vulnera obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano.
Implicaciones en salud y políticas públicas
Valle advirtió que la donación anónima también afecta el derecho a la salud, al impedir el acceso a antecedentes genéticos necesarios para diagnósticos médicos. “Si aprobamos leyes contra el cáncer, pero negamos información genética, la aplicación se vuelve inviable”, señaló. Añadió que, aunque el proyecto no contemple cobertura estatal, los problemas de salud a largo plazo deberán ser atendidos por el sistema público.
Ambos voceros coincidieron en que la información científica actual no estuvo disponible cuando se emitieron sentencias previas y que el Legislativo debe actualizar su análisis. El proyecto continuará en revisión para segundo debate, mientras la comisión evalúa los aportes médicos, jurídicos y bioéticos presentados.
Presidente de la Comisión de Salud aclara ajustes al proyecto al cierre de la sesión
El presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, señaló que el proyecto en trámite aún requiere ajustes para alinearse plenamente con el principio del interés superior del niño, pese a reconocer avances frente a versiones anteriores de la normativa. “Tomar una ley que tenga estos respaldos en el principio de interés superior del niño”, enfatizó, al agradecer los aportes técnicos y jurídicos presentados durante la sesión.
Finalmente, Reyes precisó que el artículo 14 del proyecto actualmente en segundo debate sí contempla una excepción al anonimato de los donantes, aplicable únicamente en casos de peligro cierto para la vida o la salud de la persona nacida mediante estos procedimientos. Explicó que esta revelación tendría carácter restringido y no implicaría publicidad de la identidad, aunque reconoció que la comisión no está satisfecha con el texto vigente y que se realizará una revisión más específica y alineada con los derechos de los niños antes de continuar con el trámite legislativo.
