Prefectos y alcaldes de Ecuador con procesos abiertos: la lista sigue creciendo
Los señalamientos del Sercop a la Prefectura del Guayas de Marcela Aguiñaga son el caso más reciente
Las prefecturas de Guayas y Pichincha, junto a las alcaldías de Guayaquil, Quito y Cuenca, enfrentan procesos judiciales y administrativos que ponen en jaque a sus administraciones. Desde presunto tráfico de combustible hasta irregularidades en contratación pública, el panorama legal de las autoridades locales se intensifica tras las recientes alertas del Sercop contra la gestión de Marcela Aguiñaga.
Autoridades bajo la lupa de entidades de control
Los recientes señalamientos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a la Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, son el ejemplo más reciente de una lista de autoridades locales con procesos legales vigentes. El 20 de marzo de 2026, el director del Sercop, José Julio Neira, alertó sobre incumplimientos normativos en un proceso de comunicación de dicha prefectura, remitiendo la información a la Contraloría General del Estado.
Aquiles Álvarez y los casos penales en Guayaquil
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es una de las autoridades con mayor carga judicial. Actualmente, mantiene tres frentes abiertos en el ámbito penal:
- Caso Triple A: Investigación por presunto comercio irregular de combustible.
- Caso Goelada: Proceso por supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
- Incumplimiento de medidas: Proceso por no portar el grillete electrónico sustitutivo.
Quito y Cuenca: Informes de Contraloría y Ministerio del Trabajo
En la capital, el alcalde Pabel Muñoz y la prefecta Paola Pabón enfrentan un informe del Ministerio del Trabajo enviado a la Fiscalía. Se los investiga por supuestamente obligar a funcionarios públicos a marchar contra la reforma al Cootad.
Por otro lado, en el austro, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, cuestionó en diciembre de 2025 un examen de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. El informe señala irregularidades en la empresa municipal ETAPA EP, específicamente por inhabilidad por parentesco en la creación de cargos técnicos.
La defensa de la Prefectura del Guayas
Ante las acusaciones de Neira, la administración de Marcela Aguiñaga emitió un comunicado asegurando que se actuó conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Según la Prefectura, los procesos fueron publicados tras ser declarados desiertos, cumpliendo con el artículo 136 del reglamento vigente.
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