Incremento del recurso. El término pareciera que se hace referencia a un tema comercial, pero no, se trata de asuntos legales que aportan al hacinamiento en las cárceles del país según los expertos.

En los últimos tres años se han emitido 66.754 autos de prisión preventiva en todo el Ecuador expuso el Consejo de la Judicatura tras la presentación de un informe a la presidencia. En estos documentos judiciales consta la orden de un juez para uno o varios ciudadanos en el que se pide la prisión preventiva, recurso que debe ser considerado como última instancia según la ley.

“El solo hecho de que solo se hayan dictado más de 66.000 autos, más allá de que se hayan ejecutado, estén prófugos o hayan sido revocadas, significa que en solo ese periodo determinado tienen un 150 % más pedidos de lo que tienes como privados de libertad”, cuestiona el abogado penalista Julio César Cueva y quien señala una de las tantas falencias en el sistema de rehabilitación social    ecuatoriano.

De acuerdo al Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI), la población carcelaria en el país alcanza los 39.000 presos.

Cueva identifica que esta situación se debe a tres factores, la primera es que hay una “creencia equivocada” por parte de los fiscales que se debe “pedir medida cautelar para todo y por lo general es prisión preventiva”; segundo, por el criterio desacertado de los jueces “que para evitarse un problema” en el que se diga que por culpa del juez, el señalado está libre, dictan la prisión como si la petición fiscal “fuese una obligación aceptarla”; y tercero, por presión social, especialmente en redes sociales si es que el caso se vuelve mediático.

Por su parte, el abogado Luis Bustamante considera alarmante  el número de pedidos y sospecha que en caso de que se acepte la propuesta de la eliminación de la tabla de drogas habrá otro repunte de autos de prisión preventiva.

“Al eliminar esta tabla, qué va a pasar cuando cojan a alguien con droga, va a ir a prisión preventiva, generará más gasto al Estado y más hacinamiento, porque no se va a poder definir entre un consumidor, microtraficante y traficante en sí”.

Es por ello que Bustamante sugiere que se realice una inversión estatal para la creación de más centros especializados de delitos de flagrancias y también en delitos penales. “Porque son muy pocos para la realidad actual, así también se integren más jueces y se creen unidades judiciales que traten el consumo de estupefacientes”, medidas acompañadas de asesorías y capacitaciones de organismos internacionales y de países en los que han integrado un trabajo interinstitucional efectivo.

Sin embargo,  el jurista Joan Paúl Egred señala que es el Consejo de la Judicatura el llamado a revisar las actuaciones de los fiscales y los jueces “que en definitiva han causado esta crisis que vivimos. Se requiere un pronunciamiento urgente de ese órgano y además una resolución de la Corte Nacional de Justicia modulando la aplicación abusiva de esta figura.

Por su parte Cueva alerta que la ciudadanía puede tomar acciones para detener los pedidos de prisión preventiva, especialmente si se demuestra la inocencia o también en su legítimo derecho a defenderse en libertad más aún cuando han colaborado con la justicia; pero resalta que el “desgaste” en el proceso desmotiva cualquier iniciativa.

“No han demandado a los jueces, al Estado o al fiscal, porque la gente sale tan cansada de un proceso penal, que ya nadie quiere volver a entrar en un pelea legal. Como todavía no hay jueces y fiscales condenados a pagar todo el daño causado por dictar o pedir estas prisiones preventivas sin justificación, lo siguen haciendo impunemente, desgraciadamente ese es el problema, el día que se cobre esos daños, lo van a pensar dos veces”.