Luego de la masacre del pasado 28 de septiembre, que dejó 119 muertos oficiales en la Penitenciaría, uniformados intentaron trasladar al líder de los Choneros, José Macías Villamar, alias Fito, a otro centro, pero no los dejaron. Así de simple.

EXPRESO supo, por fuentes policiales que, como es “el que manda en toda la Regional y tiene la mayoría de pabellones de la Penitenciaría bajo su mando (siete de un total de doce)”, era imposible ejecutar esa acción. La autoridad reculó y el director de cárceles aún no responde sobre este tema al Diario, pero el hecho es simplemente una muestra de cuán fácil es para los grupos delictivos que están allí dentro llegar a acuerdos. Y aquello alza alarmas.

Hoy, en la voz de expertos nacionales e internacionales, se hace una advertencia a la autoridad tras los antecedentes de estos días: “Se aconseja todo, menos negociar con la delincuencia en la cárcel”. Así de contundente lo expone Ricardo Sosa, criminólogo de El Salvador, con un posgrado en seguridad nacional, quien ha trabajado de cerca, como capacitador, el tema en su país.

Sosa además participó como invitado el año pasado en Ecuador, en una ponencia sobre la crisis carcelaria organizada por el Instituto de Criminología Julio Endara, de la Universidad Central del Ecuador, por lo que conocía la realidad de este territorio y la matanza, dice, no le sorprendió.

Lo que ocurre en Ecuador no es nuevo. “Las mayores masacres carcelarias están en Sudamérica. Brasil, México, el mismo El Salvador, casa de la pandilla Mara Salvatrucha, ha resultado muy golpeado con este tipo de revueltas. Y negociar siempre es la peor decisión”, dice el experto.

El país, aconseja, no debe ceder a presiones. “Negociar con personas del crimen organizado es ser vulnerables a su astucia y sus mentiras. No hay garantías de negociar con criminales. Ecuador debe aprovechar este momento para convocar a un equipo que conozca de criminología, ciencia forense, que acompañe la toma de decisiones. Debe acudir a la academia, a expertos, a grupos sociales comprometidos. Puede dialogar, en pro de los derechos humanos, pero no negociar. Eso no. Lo más importante es que retome el control”, añade.

Con él coincide el sociólogo ecuatoriano, experto en seguridad, narcotráfico y defensa, Freddy Rivera. “Esto no se trata de un diálogo con un grupo opositor al Gobierno, un colectivo insurgente, como pasó en Colombia con las FARC y el ELN. Es diferente. El Gobierno, que recién empieza. Ni siquiera debe estar el tema en discusión. ¿Cómo analizar la conveniencia a negociar? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con los carteles? Porque aquí se trata de carteles, no de grupos insurgentes”.

Rivera recuerda que lo que sucedió ahora es un cúmulo de errores y de malas prácticas de gobiernos anteriores. Hubo una suerte de “paz mafiosa” entre 2017 y 2018, cuando se registraron 6 y 15 muertes. Ya en 2019 hubo 32; en el 2020, 52 y este 2021 van 226. Todo tras la muerte de un líder, analiza.

Apunta entonces a trabajar en los temas que ya se sabe que hay que hacerlo: corrupción de dentro y fuera, juzgados y tribunales, guías penitenciarios... “La cantidad de recursos que maneja el narcotráfico es enorme. Millones y millones de dólares. Y el Estado no ha ayudado a contrarrestar”.

Lo dice por los cambios institucionales, la desarticulación del control penitenciario y la inteligencia, la baja del presupuesto en el gobierno de Lenín Moreno y otros temas. “¿Por qué se hizo eso? ¿Cuál era la intención? Fueron decisiones erróneas en política pública que hoy hay que corregir”.

“El Estado ha fallado. Tiene que ser juzgado y responder a los deudos. Esto dejó de ser una simple lucha entre bandas criminales. Es más que eso. El país no ha reconocido que tiene un ascenso estratégico para el crimen organizado sin capacidad de respuesta. No se trata de sentarnos con sicarios en una mesa, ¡por favor!”, opina.

Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador y autor de investigaciones sobre política de drogas y justicia penal, añade a estos conceptos que cualquier relación entre las personas privadas de la libertad con el Estado debe hacerse a la luz de la transparencia.