DIRIGENTES SINDICALES ECUADOR PARO NACIONAL
Varios dirigentes sindicales son investigados por la Fiscalía General del Estado.ARCHIVO: UNE

Paro nacional Ecuador 2025: Fiscalía abre investigación contra dirigentes sindicales

En un comunicado conjunto, varias organizaciones sindicales rechazaron la "criminalización" de la protesta social

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunta delincuencia organizada contra varios dirigentes sindicales, en el marco del paro nacional convocado tras la eliminación del subsidio al diésel dispuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Así lo confirmaron los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Frente Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Cedocut, Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), y la Confederación Nacional de Indígenas, Campesino y Negros (Fenocin) en un comunicado.

Los dirigentes investigados por la Fiscalía General del Estado son:

  • Andrés Quishpe (UNE, Frente Popular)
  • Edwin Bedoya (FUT, Cedocut)
  • Nery Padilla (FEUE)
  • Wilfrido Espinoza (Fenocin)

Dirigentes sindicales deberán presentarse ante la Fiscalía

De acuerdo con el pronunciamiento conjunto de lo sindicatos, los dirigentes ya fueron notificados de la investigación incida y tienen una primera presentación ante la Fiscalía General del Estado para el viernes 3 de octubre de 2025.

Sindicalistas rechazan la criminalización de la protesta social

Tras ser notificados de la investigación, los dirigentes sindicales calificaron a este proceso como una "criminalización" de la protesta social e indicaron que el Gobierno del presidente Daniel Noboa está detrás de la persecusión.

"Denunciamos ante el pueblo ecuatoriano y la ciudadanía que el Gobierno, lejos de buscar soluciones a la grave crisis económica y política que atraviesa el país, ha optado por el camino de la violencia y criminalización de la protesta social, y de las organizaciones populares que en el legítimo derecho constitucional a la resistencia nos movilizamos frente alto costo de la vida, Derogatoria del Decreto 126, para que cese los despidos y para que se declare en emergencia la salud y educación", señalan.

De igual forma, hicieron hincapié en que "esta acción demuestra un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras". Además, que lo único que busca el Gobierno es "silenciar las voces de quienes, en el marco de la Constitución y de la democracia, hemos ejercido el derecho a la protesta, a la movilización y a la organización.".

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