“No puedo ser cómplice de lo que va contra la ley”, dice Manzano sobre tasa de basura

La ministra de Ambiente y Energía, Ines Manzano, explicó en una entrevista en TC Televisión que la decisión del Gobierno de eliminar la tasa de recolección de basura de la planilla eléctrica busca “cumplir la ley y proteger el bolsillo de los ecuatorianos”. La medida se aplicará desde octubre de 2025 en 41 municipios del país que mantenían convenios con las empresas eléctricas.

“Lo que se ha decidido es que no va más, porque la planilla debería reflejar solo el consumo eléctrico”, sostuvo Manzano. Agregó que la única excepción será el rubro de bomberos, ya que existe una ley que obliga a incluirlo.

Cumplir una ley que se ignoró desde 2019

Según la ministra, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) establecía que, desde diciembre de 2019, los municipios debían realizar estudios técnicos y consultas ciudadanas antes de indexar la tasa de basura al consumo eléctrico. Sin embargo, ese mandato no se cumplió.

“Yo no puedo ser cómplice de lo que va en contra de la ley”, afirmó Manzano, quien recalcó que los municipios no pueden seguir cobrando valores sin sustento. “Hay lugares donde el cobro era desproporcionado. En Cuenca, por ejemplo, la tasa de basura llegaba a representar hasta el 70% del valor de la luz”.

El anuncio oficial del Ministerio

El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 9 de octubre de 2025 que el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) dejará de incluirse en la planilla eléctrica. La cartera señaló que la medida se toma “en cumplimiento de la normativa vigente” y busca “garantizar mayor transparencia en el sistema eléctrico”.

Según el comunicado, la decisión permitirá que las familias ecuatorianas paguen “únicamente por el consumo real de electricidad, evitando valores ajenos al servicio”. Desde el consumo de octubre, que se reflejará en noviembre, las empresas distribuidoras dejarán de incluir la TRB en cantones como Quito, Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo, Babahoyo y Ambato, entre otros 41 municipios.

El Ministerio recordó además que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán definir sus propios mecanismos de cobro, pues “el sector eléctrico dejará de ser agente de recaudación”. En el caso de Quito, este modelo regía desde 2017, cuando Emaseo y Arconel firmaron un convenio para recaudar la tasa a través de la factura eléctrica, debido a la mayor cobertura del servicio eléctrico frente al de agua potable.

Contraste con la postura del Municipio de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció el 11 de octubre sobre esta decisión y calificó la medida como “apresurada, unilateral y que no respeta la seguridad jurídica”. Señaló que el convenio vigente entre el Municipio de Quito y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para el cobro de este servicio se mantiene hasta diciembre de 2025 y que su administración había solicitado la renovación del acuerdo desde agosto, sin recibir respuesta del Gobierno.

“Romper así este acuerdo afecta a la ciudad y su sostenibilidad financiera, aunque el servicio de recolección continuará funcionando con normalidad”, afirmó Muñoz. Entre las alternativas que analiza el Municipio, mencionó trasladar el cobro a la planilla de agua potable, administrada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), con un ajuste progresivo que haga que los grandes generadores de basura o sectores con mayor capacidad económica asuman un aporte mayor, protegiendo a la mayoría de familias quiteñas.

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Irregularidades y falta de control

La funcionaria señaló que los cobros no solo eran ilegales, sino también injustos. “En algunos casos, la recolección de basura costaba más que el consumo eléctrico. Tenemos planillas de 7,48 dólares en luz y 5,87 en basura”, indicó.

Además, denunció que ciertos municipios, como el de Guayaquil, aunque no indexaban la tasa a la planilla eléctrica, utilizaban los datos de las empresas distribuidoras para emitir facturas paralelas a través de Interagua. “Eso se corta de raíz. Nadie tiene por qué entregar esa información”, advirtió.

“No habrá concesiones ni prórrogas”

Frente a los reclamos de alcaldes que piden mantener el cobro hasta diciembre, Manzano sostuvo: “No hay concesiones. Los 41 municipios notificados deberán definir nuevos mecanismos de cobro”. Aclaró que el resto de municipios que sí cumplieron con la normativa podrán mantener sus convenios hasta fin de año.

La ministra recordó que desde agosto se notificó a las empresas eléctricas y que ARCONEL elaboró un informe técnico sobre las irregularidades. “La ley es clara. Ningún Gobierno la había hecho cumplir. Yo sí lo haré porque es en beneficio de los ciudadanos”, expresó.

Protección de datos y transparencia

Otro de los argumentos del Ministerio es la protección de los datos personales de los usuarios. “Los municipios pedían información de las empresas eléctricas sin siquiera saber a quién daban el servicio”, criticó Manzano.

También señaló que las eléctricas asumían pérdidas económicas: “Nosotros les pagábamos a los municipios el 100% de la tasa, aunque tengamos morosidad del 10 o 20%. Era un mal negocio para las empresas eléctricas y un abuso para los ciudadanos”.

“Los municipios deben hacer un mea culpa”

Manzano insistió en que los alcaldes deben asumir su responsabilidad. “Han estado cobrándole lo que les da la gana a los ciudadanos. Es momento de hacer estudios reales sobre cuánto cuesta recoger y disponer los desechos”, dijo.

A partir de noviembre, las facturas eléctricas reflejarán únicamente consumo, alumbrado y la tasa de bomberos. “Mientras esa ley esté vigente, la vamos a cobrar, pero también debemos revisarla. Hay casos donde el valor de bomberos iguala al consumo eléctrico. Eso no está bien”, señaló.

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