Jueza Karla Andrade analizará demanda contra el reglamento del concurso para fiscal
El asambleísta del correísmo Luis Fernando Molina demandó la inconstitucionalidad del reglamento del concurso para fiscal
¿Podrían abogados de narcotraficantes ser candidatos a Fiscal General? La jueza Karla Andrade analizará la demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento del CPCCS que eliminó filtros de probidad. El proceso, que ya recibe postulaciones, enfrenta un pedido de suspensión inmediata por presuntas vulneraciones a la seguridad jurídica y la idoneidad constitucional..
Karla Andrade: La jueza que decidirá el futuro del concurso de Fiscal
La jueza de la Corte Constitucional, Karla Andrade, será la encargada de tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el reglamento del concurso para Fiscal General del Estado. La acción legal, interpuesta por el asambleísta Luis Fernando Molina, cuestiona la eliminación de un artículo clave que impedía la postulación de abogados vinculados a la defensa de implicados en el crimen organizado y narcotráfico.
Según el sistema de causas de la Corte, el sorteo se realizó este 24 de febrero de 2026. Andrade no solo analizará el fondo de la demanda, sino también el pedido de medida cautelar para suspender el reglamento y frenar el proceso actual.
El polémico cambio en el reglamento del CPCCS
La controversia nació el 23 de febrero de 2026, cuando se denunció la derogatoria del numeral 21 del artículo 22 de la normativa. Dicho apartado prohibía expresamente que defensores de personas vinculadas al sicariato, terrorismo y delitos graves aspiraran al máximo cargo de la Fiscalía.
Al eliminar esta restricción, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) habría abierto la puerta a perfiles con posibles conflictos de interés. Para los demandantes, esto vulnera el requisito constitucional de "idoneidad y probidad notorias" que debe ostentar quien dirija la justicia penal en el país.
¿Seguridad jurídica en riesgo?
Otro de los argumentos centrales es la presunta violación a la seguridad jurídica. El CPCCS modificó las reglas del juego cuando el concurso ya estaba en marcha, habiendo superado etapas como la conformación de la veeduría ciudadana.
Actualmente, y hasta el 3 de marzo de 2026, el CPCCS continúa receptando carpetas de postulantes bajo los términos del reglamento demandado. La decisión de la jueza Andrade será determinante para definir si el concurso sigue su curso o regresa a foja cero.
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