Fiscalía pide prisión preventiva para Álvarez por “entramado societario complejo”

La solicitud de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada, se sustentó —según la Fiscalía General del Estado— en la necesidad de neutralizar riesgos procesales derivados de la presunta existencia de un “entramado societario complejo” vinculado a actividades de lavado de activos y defraudación tributaria relacionadas con la comercialización de combustibles.

El pedido fue presentado durante la audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, en la que el fiscal del caso expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación previa para sustentar la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria. Como parte de las medidas cautelares solicitadas, la Fiscalía también pidió el congelamiento de las cuentas bancarias del alcalde de Guayaquil y de sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes igualmente figuran entre los procesados.

Con base en los indicios expuestos, el Ministerio Público solicitó al juez que dicte prisión preventiva para 10 de los investigados, entre ellos el alcalde, al considerar que existirían riesgos procesales que justificarían esta medida. Para el undécimo procesado, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario, debido a que se trata de una persona de la tercera edad, conforme a lo previsto en la normativa vigente. El juez del caso deberá analizar los argumentos de las partes y resolver en las próximas horas si acoge el pedido fiscal o dispone medidas cautelares alternativas.

Fiscalía señala estructura societaria y evasión de controles

De acuerdo con la argumentación fiscal, la investigación apunta a una presunta estructura empresarial que habría permitido evadir controles institucionales y generar perjuicios económicos al Estado mediante operaciones vinculadas al comercio irregular de combustibles. La Fiscalía sostuvo que la magnitud del supuesto esquema y la complejidad de las operaciones financieras justifican la adopción de medidas cautelares más estrictas, entre ellas la prisión preventiva.

El Ministerio Público indicó que la medida busca asegurar la comparecencia de los procesados durante el desarrollo de la instrucción fiscal y evitar posibles interferencias en la investigación, especialmente en un proceso que involucra múltiples empresas, funcionarios y movimientos financieros que aún se encuentran bajo análisis.

Decisión final queda en manos del juez

La decisión sobre la aplicación de la prisión preventiva o de medidas alternativas —como la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas o arresto domiciliario— corresponde al juez que dirige la audiencia, quien deberá valorar los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de los procesados.

El caso Goleada, que investiga a once personas por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria, ha concentrado la atención política y judicial del país desde la detención del alcalde de Guayaquil la madrugada del 10 de febrero de 2026, en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional.