Tras 31 días de paro nacional, el Gobierno ecuatoriano derogó el estado de excepción que regía en varias provincias del país.
Tras 31 días de paro nacional, el Gobierno ecuatoriano derogó el estado de excepción que regía en varias provincias del país.Cortesía

Estado de excepción derogado: qué cambia en provincias tras 31 días de paro nacional

Noboa señala que existen informes de la Policía Nacional que indican que la medida ya no es necesaria

Tras 31 días de paro nacional, el Gobierno ecuatoriano derogó el estado de excepción que regía en varias provincias del país. La medida, emitida originalmente para “restablecer el orden público” durante las manifestaciones, implicaba restricciones a la libre circulación, control militar en zonas estratégicas y suspensión temporal de derechos de reunión.

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Con el nuevo decreto ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retornan a sus funciones regulares, aunque el Ministerio del Interior advirtió que se mantendrán operativos de vigilancia preventiva en puntos conflictivos en Guayas y Durán.

Impacto en provincias

En Pichincha, la Gobernación confirmó que se levantaron los toques de queda y se restablecieron los horarios habituales del transporte público. En Imbabura y Cotopaxi, los prefectos señalaron que el fin del estado de excepción permitirá reactivar las actividades agrícolas y comerciales paralizadas por bloqueos.

Noboa señala que existen informes de la Policía Nacional que indican que la medida ya no es necesaria.
Noboa señala que existen informes de la Policía Nacional que indican que la medida ya no es necesaria.Cortesía

Opiniones de los expertos

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El abogado constitucionalista Julio Cueva explicó que la derogatoria “marca el retorno al pleno ejercicio de derechos y libertades”, pero advirtió que el Gobierno “deberá garantizar que las tensiones sociales no deriven nuevamente en hechos violentos”.

Por su parte, la socióloga María Pineda consideró que el levantamiento del estado de excepción “abre un nuevo escenario político”, aunque insistió en la necesidad de un diálogo sostenido con los sectores movilizados para evitar nuevos estallidos sociales.

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