El correísmo inicia proceso de fiscalización de la violencia durante el paro nacional
La Comisión de Garantías Constitucionales lo hizo, pese a que que la mesa de Seguridad, controlada por ADN, se les adelantó
La Comisión de Garantías Constitucionales inició este martes 30 de septiembre de 2025 un proceso de fiscalización sobre posibles abusos o vulneraciones de derechos humanos cometidos en el marco del paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel.
El tema fue traído a la mesa legislativa por los asambleístas del correísmo, Héctor Rodríguez y Roque Ordóñez, quienes mocionaron el inicio del proceso de fiscalización. La moción fue apoyada de manera unánime por el resto de la comisión, de mayoría correísta.
La mesa resolvió el inicio del proceso de fiscalización a las posibles vulneraciones de derechos humanos cometidos en el marco del paro nacional a pesar de que la Comisión de Seguridad, de mayoría oficialista, se adelantó y el 29 de septiembre de 2025 ya inició un proceso de control.
Por unanimidad, esta Comisión decidió iniciar una fiscalización a los presuntos abusos y vulneraciones de Derechos Humanos cometidos en las manifestaciones sociales, derivadas del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel. pic.twitter.com/FiEFVmLKPV
— Garantias Constitucionales, Derechos Humanos (@DerHumanosAN) September 30, 2025
Comisión defendió su competencia para fiscalizar el paro nacional
Pese a esto, durante su intervención, la presidenta (e) de la mesa de Garantías Constitucionales, María Verónica Iñiguez, recordó que su mesa legislativa tiene la competencia de conocer casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, derechos colectivo y la interculturalidad.
No obstante, a través de un comunicado, la presidenta de la Comisión de Seguridad, la oficialista Inés Alarcón, recordó que la Ley de la Función Legislativa establece que, una vez que una mesa legislativa inicie un proceso de fiscalización, ninguna otra podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia.
Los asambleístas del correísmo, por su parte, defendieron que la mesa de Garantías Constitucionales sea la encargada del proceso de fiscalización, con el fin de proteger los derechos de los ecuatorianos, en especial de las comunidades indígenas afectadas durante el paro nacional.
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