Ecuador enfrenta el cibercrimen con leyes desactualizadas
Los ciberdelitos iniciaron en la década de 2010. Necesita Ley Integral de Ciberseguridad, según expertos
Ecuador acaba de dar un paso transformador: firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, el primer tratado global que busca frenar el crimen digital. Pero detrás del anuncio surge la gran pregunta: ¿qué significa esto para el país y qué tan preparado está para cumplir con las exigencias internacionales?
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La ciberdelincuencia se define como todo acto ilícito cometido mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya sea atacando sistemas, redes y datos, o utilizando Internet para facilitar delitos como fraude, extorsión o robo de identidad. A diferencia de los delitos tradicionales, no tiene barreras físicas y puede ejecutarse con rapidez y alcance global.
En Ecuador, los ciberdelitos comenzaron a registrarse de forma sistemática en la década de 2010, pero su auge se dio desde 2017, cuando la Fiscalía reportó más de 8.400 casos, principalmente estafas digitales y suplantación de identidad.
La pandemia aceleró la tendencia de denuncias informáticas
La pandemia aceleró la tendencia: en 2020 se denunciaron 5.048 delitos informáticos, y en 2022 la cifra superó los 3.183 casos, con modalidades como phishing, apropiación fraudulenta y violación a la intimidad. La adhesión no es solo un gesto diplomático.
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El tratado obliga a Ecuador a actualizar su Código Penal y su infraestructura tecnológica para enfrentar delitos como ransomware, fraudes con criptomonedas y ataques a infraestructuras críticas. Hoy, el COIP tipifica la suplantación de identidad y otros delitos informáticos, pero expertos advierten que la normativa se queda corta.
“Ecuador deberá implementar protocolos de cadena de custodia digital y fortalecer la cooperación 24/7 con otros países. Esto implica inversión en tecnología y capacitación de fiscales y jueces”, explica Juan Carlos Moreno, analista en ciberseguridad.
Mientras Ecuador inicia este proceso, países como Brasil, Chile y Perú ya firmaron la Convención y avanzan en reformas. Perú, por ejemplo, incluyó en su legislación la definición de activos virtuales como bienes y la obligación de asistencia técnica para países en desarrollo.
En cambio, Colombia y México aún no ratifican el Convenio de Budapest, lo que los deja rezagados en cooperación internacional. La ciberdelincuencia no es teoría: ya golpea a Ecuador. En las elecciones de abril de 2025, la Policía detuvo a 64 personas por fraude y suplantación de identidad, usando cédulas falsas para votar en múltiples recintos.
y guías sobre el tratamiento de evidencia digital
Yan Cornejo
Otro caso emblemático: Juana María Pérez fue vinculada injustamente a un grupo criminal porque delincuentes compraron nueve líneas telefónicas con su número de cédula. El escándalo reveló vacíos en la protección de datos y obligó a la Corte Constitucional a exigir nuevas regulaciones.
Además, en 2024, una mujer fue sentenciada a cinco años de prisión por suplantar identidades para cobrar bonos de desarrollo humano, usando documentos falsos en Tungurahua. Aunque la ONU califica la Convención como un “paso histórico”, organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos. Global Voices advierte que, sin salvaguardias claras, el tratado podría ser usado por regímenes autoritarios para criminalizar la disidencia y ampliar la vigilancia transfronteriza.
“El desafío será equilibrar seguridad digital y derechos humanos. La cooperación no debe convertirse en un pretexto para censura o espionaje”, afirma Inés Parada, especialista en gobernanza global. Otros expertos coinciden en que el reto es enorme.
En un mundo digital, la ciberseguridad es cada vez más urgente. La inteligencia artificial ha traído avances, pero también nuevas amenazas, al facilitar ataques más sofisticados.
— Diario Expreso (@Expresoec) August 6, 2025
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Lorena Naranjo, especialista en protección de datos: “Si no se articula la labor del Ministerio de Telecomunicaciones con la Superintendencia de Protección de Datos Personales, podríamos enfrentar choques de competencias que debiliten la protección jurídica”.
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Federico Gómez, experto en ciberseguridad: “Aunque Ecuador ha mejorado en el Índice Global de Ciberseguridad, la adopción de inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes exige una defensa digital más robusta y presupuestos adecuados”. El Gobierno deberá presentar reformas al COIP, crear una unidad especializada en ciberdelitos y garantizar recursos para capacitación.
La Convención entrará en vigor cuando 40 países la ratifiquen. Para Ecuador, el reloj ya corre: la adhesión marca el inicio de una carrera contra el tiempo para cerrar brechas tecnológicas y jurídicas en un país donde la ciberdelincuencia deja de ser invisible.
“El país está en una fase intermedia de preparación: ha sentado bases normativas y políticas, pero necesita consolidar infraestructura técnica, formación especializada y cooperación internacional sostenida para cumplir plenamente con los estándares de la ONU y del Convenio de Budapest”, sostiene, la Ingeniera en Sistema Yan Cornejo, directora de la Academia Cibers.
Y va más allá: “Es fundamental capacitar a las fuerzas del orden y al sistema judicial para que puedan manejar y procesar adecuadamente la evidencia digital y los casos de ciberdelincuencia, que se vuelven cada vez más complejos”, agrega. Actualmente el país cuenta con EcuCert que es el centro de respuesta a incidentes informáticos de Arcotel.
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