Daniel Noboa declara zonas de seguridad los perímetros de las cárceles en Ecuador
El Ejecutivo redefine el control estatal alrededor de las prisiones y amplía facultades para la seguridad y defensa nacional
El Gobierno nacional declaró como áreas reservadas de seguridad los perímetros que rodean los centros de privación de libertad en Ecuador. La medida redefine el control estatal en espacios considerados críticos para la seguridad interna. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo No. 269
El decreto fue firmado por el presidente Daniel Noboa Azín y se sustenta en disposiciones constitucionales que asignan al Estado la responsabilidad de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad del sistema penitenciario, en un contexto marcado por crisis carcelaria y violencia estructural.
Zonas estratégicas bajo control reforzado
Según el documento, las áreas perimetrales de las cárceles pasan a tener un tratamiento especial por su carácter estratégico. Estas zonas serán reguladas como espacios sensibles, donde el acceso, la circulación y las actividades estarán sujetas a controles diferenciados por parte del Estado.
El texto señala que estos espacios “requieren una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección del Estado ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objetiva”. La declaratoria busca cerrar vacíos de control en sectores históricamente vulnerables.
Cambios en el manejo del sistema penitenciario
El decreto se enmarca en reformas previas que ya habían declarado a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad. Ahora, el énfasis se coloca en sus entornos inmediatos, considerados claves para prevenir delitos como tráfico de armas, drones, explosivos y logística criminal.
Se establece que la seguridad interna y externa de las cárceles estará bajo coordinación directa entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, reforzando un esquema interinstitucional permanente.
Fuerzas Armadas amplían su rol operativo
El documento faculta a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones de vigilancia, control y protección en estas zonas, en apoyo a la Policía Nacional. Esto incluye la posibilidad de restringir accesos, realizar controles tecnológicos y actuar frente a amenazas a la seguridad del Estado.
El decreto recoge que la defensa nacional y la seguridad ciudadana deben actuar de forma “integral, multidimensional y permanente”, con énfasis en prevención, reacción y control territorial, especialmente en áreas vinculadas al sistema penitenciario.
Regulaciones especiales y control del territorio
La norma dispone que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado emita regulaciones específicas para estas áreas reservadas. Estas normas permitirán establecer límites claros sobre actividades permitidas, restricciones y mecanismos de control en los perímetros carcelarios.
Además, se autoriza la implementación de infraestructura de seguridad, controles tecnológicos, limitaciones al uso de dispositivos aéreos no tripulados y otras medidas destinadas a evitar el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.
Un decreto en medio de una crisis carcelaria
La decisión se adopta en un escenario donde las cárceles han sido identificadas como núcleos de poder del crimen organizado. El Ejecutivo sostiene que fortalecer el control externo es clave para reducir la violencia interna y restablecer la autoridad del Estado.
El decreto enfatiza que estas acciones buscan proteger tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario y a las comunidades cercanas, consideradas parte del entorno de riesgo cuando el control estatal es débil.
Base legal y vigencia inmediata
El Decreto Ejecutivo No. 269 se apoya en artículos de la Constitución, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y normas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. También recoge resoluciones previas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Con su publicación, la medida entra en vigencia inmediata y obliga a las instituciones involucradas a adecuar sus planes operativos, protocolos y recursos para cumplir con la nueva declaratoria de zonas reservadas de seguridad.
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