Correísmo vuelve a presentar juicio político contra los consejeros del CPCCS
El CAL resolvió no dar paso a una primera solicitud por supuestas inconsistencias en las firmas de legisladores
El correísmo volvió a activar el tablero político en la Asamblea Nacional. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, presentó nuevamente la solicitud de juicio político contra cinco consejeros del CPCCS, esta vez con 46 firmas de respaldo, superando el mínimo exigido por la ley.
La acción apunta contra Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto, actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La documentación fue ingresada el 12 de enero de 2026, según el memorando oficial remitido a las autoridades legislativas.
El pedido se sustenta en presuntas acciones y omisiones dentro del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, que (según el texto) habrían vulnerado principios constitucionales como legalidad, transparencia, mérito y seguridad jurídica.
Un juicio político que regresa con más firmas
En su cuenta de X, Molina defendió la nueva presentación del proceso y cuestionó los intentos previos de bloquearlo. “He vuelto a presentar el juicio político contra los consejeros del CPCCS. Esta vez con 46 firmas de respaldo”, escribió el legislador correísta.
El asambleísta sostuvo que el control político no puede depender de cálculos internos. “El control político no se archiva por cálculo, ni se bloquea con excusas administrativas. Las firmas son válidas y el país lo sabe”, afirmó en su publicación.
El mensaje apunta directamente a lo ocurrido en intentos anteriores, cuando observaciones sobre supuestas irregularidades en las firmas impidieron que el proceso avanzara hacia su calificación.
El CAL, en el centro de la decisión
Con el reingreso del expediente, el foco se traslada ahora al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Molina advirtió que cualquier nueva objeción podría tener una lectura política. “Hoy el balón está en la cancha del CAL”, señaló.
El legislador fue más allá y lanzó una advertencia directa: “Si insisten en hablar de ‘firmas erróneas’, no estarán corrigiendo un trámite: estarán protegiendo intereses y renunciando a su rol constitucional”.
La presión política se incrementa en un escenario donde la fiscalización al CPCCS se ha convertido en uno de los ejes de disputa entre el correísmo y otros bloques legislativos.
“La fiscalización no se negocia”
Molina cerró su pronunciamiento con un mensaje político directo. “La fiscalización no se negocia. La verdad no se archiva”, escribió en X, marcando el tono de lo que podría ser un nuevo capítulo de confrontación en la Asamblea.
El futuro del juicio político dependerá ahora de la decisión del CAL. Mientras tanto, el correísmo vuelve a la carga y coloca nuevamente al CPCCSen el centro del debate político nacional.
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