Marcelo Espinel
Marcelo Espinel expuso las inconsistencias detectadas en el concurso para fiscal general.Cortesía

Comisión Cívica detecta ejecución menor al 54% del presupuesto del concurso fiscal

El proceso avanza con retrasos, cambios de plazos y una comisión evaluadora cuestionada por incumplir requisitos

Uno de los principales argumentos oficiales para justificar el estancamiento del proceso ha sido la falta de recursos. Sin embargo, la Comisión Cívica que vigila el concurso revisó la ejecución presupuestaria y detectó que no supera el 54% en rubros vinculados a estas designaciones. “O había recursos y no quisieron avanzar, o Finanzas no los asignó porque al Ejecutivo le conviene el actual fiscal encargado”, sostuvo Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica para el concurso de fiscal general, en Teleamazonas.

En ese contexto, la designación del próximo fiscal general del Estado enfrenta nuevas alertas. Varias organizaciones sociales, universidades y gremios conformaron una comisión cívica que realiza un seguimiento paralelo al proceso oficial. El objetivo es identificar fallas estructurales y advertir riesgos antes de que avance a fases irreversibles.

Así, Espinel explicó que este monitoreo no tiene precedentes en el país. “Estamos haciendo una calificación paralela”, señaló, en referencia a un análisis independiente del que ejecuta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El contraste busca evidenciar inconsistencias técnicas y procedimentales en cada etapa del concurso.

Retrasos acumulados y un proceso que no despega

Además de los cuestionamientos presupuestarios, el tiempo se ha convertido en otro factor crítico. El reemplazo de Diana Salazar debía concretarse en abril de 2025, pero el proceso sigue en fases iniciales. Para la comisión cívica, este retraso erosiona la legitimidad del resultado final.

A esto se suma la inestabilidad en los plazos oficiales. Según Espinel, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha modificado varias veces la fecha estimada de designación. “Primero se habló de diciembre de 2025, luego de julio de 2026 y ahora de agosto”, recordó durante la entrevista.

Mientras tanto, el concurso ni siquiera ha abierto la etapa de postulaciones. Apenas se ha cumplido una de las fases más tempranas: la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. “Tenemos más de un año sin fiscal titular”, advirtió Espinel, al subrayar la gravedad del vacío institucional.

Comisión de selección bajo observación

Sin embargo, las alertas no se limitan a los plazos. La composición de la Comisión Ciudadana de Selección es, para la comisión cívica, uno de los puntos más delicados del proceso. El reglamento exige conocimientos sobre la Fiscalía, trayectoria cívica y experiencia en anticorrupción y transparencia.

No obstante, el análisis paralelo detectó incumplimientos masivos. “Nueve de los diez delegados del Estado no cumplen con los requisitos y cuatro de los diez ciudadanos tampoco”, afirmó Espinel. En total, 13 de los 20 integrantes no superarían la fase básica de admisibilidad.

Entre los seleccionados figuran exfuncionarios públicos, asistentes jurídicas, empresarios, comunicadores y personas graduadas recientemente. Para Espinel, este perfil genera una alerta directa: “Si quienes eligen no cumplen los requisitos, el fiscal que resulte electo será de bajo nivel”.

Riesgos jurídicos y antecedentes políticos

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En consecuencia, el avance del concurso bajo estas condiciones podría abrir la puerta a acciones legales. Espinel recordó que el reglamento fue modificado durante el desarrollo del proceso, lo que afecta la seguridad jurídica. “El día de mañana alguien puede presentar una acción y detener o incluso anular el concurso”, alertó.

Este escenario no es aislado. Como antecedente, mencionó el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, donde el CPCCS decidió esperar el calendario electoral pese a contar con ternas suficientes. “Esos cálculos políticos dieron como resultado la crisis actual”, sostuvo.

Finalmente, Espinel advirtió que hoy el riesgo va más allá de los intereses político-partidistas. “Ahora también existen intereses de los grupos de delincuencia organizada”, dijo, al señalar que un proceso débil puede facilitar la captura de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado.

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