Andrés Quishpe: “Nos quieren criminalizar... Ni a Fito lo convocó la Fiscalía”

Gremios sociales y laborales, como la UNE, el FUT y el Frente Popular preparan para hoy una marcha nacional en contra de las políticas del Gobierno en el marco del paro de la Conaie. Los manifestantes exigen soluciones a problemas como desempleo, inseguridad y leyes laborales que consideran perjudiciales.

Tras la eliminación del subsidio al diésel, la UNE se ha convertido en uno de los gremios que más han denunciado las medidas del Ejecutivo. EXPRESO dialogó con Andrés Quishpe, presidente de la UNE, quien señaló que el gremio respalda el paro nacional con plantones y acciones en defensa de la salud, educación y trabajo digno, mientras critica que las mesas de diálogo del Gobierno buscan criminalizar la protesta, más que atender las demandas sociales.

Frente al paro nacional y la militarización denunciada, ¿cómo respalda la UNE la protesta social?

La UNE respalda el paro nacional no solo con comunicados, sino con acciones como el plantón del 2 de octubre frente al Ministerio de Defensa, exigiendo la desmilitarización en los territorios donde se reprime al pueblo y que dirijan la fuerza pública a los barrios que realmente la necesitan. Además, la UNE participa activamente en la plataforma del paro, que exige la derogatoria del Decreto 126, la liberación de los dirigentes sociales procesados y presupuesto para salud y educación, respaldando estudios sobre el impacto económico del alza de precios en las familias.

¿Qué consecuencias les han dejado estas paralizaciones?

Por ahora no he sufrido congelamiento de cuentas, pero sí visitas constantes de organismos de control como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Ministerio del Trabajo. Toda la información requerida se ha entregado, ya que los aportes provienen directamente de los maestros, pero estas acciones se perciben como parte de la criminalización de la organización.

¿Qué logros concretos ha obtenido la UNE con sus frentes y movilizaciones contra las leyes del Ejecutivo?

Nosotros como organización ya logramos objetivos como el frente por el ‘no’ en la consulta popular sobre trabajo por horas y arbitraje internacional, y el frente en defensa del campo Sacha para evitar su privatización.

También conformamos el frente en defensa de la salud, educación, seguridad y trabajo digno, con más de 35 organizaciones, presentando acciones de inconstitucionalidad y movilizaciones masivas. Hoy seguimos activos, defendiendo Quimsacocha y preparando una demanda de inconstitucionalidad frente a la última ley de seguridad social.

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Más allá de las paralizaciones, ¿han visto resultados concretos en las mesas de diálogo del Gobierno para atender todas las denuncias que han planteado?

Las mesas de diálogo se han constituido más como publicidad del Gobierno que espacios de negociación real. No hay estrategia concreta de diálogo, solo criminalización de la lucha social. Si no fuera por las movilizaciones, Sacha estaría privatizada y no se habría devuelto la compensación económica jubilar. Se han discutido planes como la reinserción escolar o la reducción de horas extras docentes, pero no existe ningún documento ni medida efectiva. Quienes antes invitaban al diálogo, hoy convocan a líderes sociales a la Fiscalía, mostrando que la estrategia del Gobierno es criminalizar y no resolver problemas.

El Gobierno anunció más de 5.000 millones de dólares para educación, ¿pero cuánto de este presupuesto se ha visto realmente reflejado en mejoras para docentes y estudiantes?

A pesar del presupuesto anunciado, gran parte de ese rubro es virtual y no incluye recursos para más de 15.000 docentes con procesos de escalafón pendientes. Por eso, calificamos al Gobierno de autoritario y demagogo. El papel aguanta todo, pero en la práctica los recursos no se reflejan en mejoras reales para estudiantes y profesores, y persiste la criminalización de la protesta social. Además, existe un doble discurso: el Gobierno anuncia $5.000 millones para educación, pero no considera partidas esenciales, como los 70 millones necesarios para más de 15.000 docentes con más de 25 años de servicio. La preocupación es que este presupuesto sea solo demagogia, porque aunque se anuncia, en los hechos los recursos no se ven reflejados en infraestructura, salarios ni mejoras educativas concretas, lo que genera gran preocupación entre docentes y familias.

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