Escuchar al actual Gobierno hablar de lucha contra la corrupción no resulta nuevo. El tema estuvo muy enraizado en la campaña presidencial del primer mandatario, Guillermo Lasso. Sin embargo, 7 meses después de asumir el cargo, se lanzaron los lineamientos para la Política Nacional Anticorrupción.

La presentación se realizó ayer en la ciudad de Quito con la presencia del presidente de la República y sus principales ministros de Gobierno. Los lineamientos de esta política recogen tres objetivos: Prevención y control, Investigación y seguimiento y Sanción.

En su discurso, Lasso aseguró que desde el inicio de su mandato se cumple la promesa de luchar contra la corrupción, y puso como ejemplo el proceso del Plan de Vacunación contra la COVID-19. “Luego de llevar a cabo un proceso de vacunación que demandó recursos por cerca de 900 millones de dólares, no hay una sola sospecha de un acto de corrupción”, dijo el jefe de Estado.

Aunque se presentaron los lineamientos, estos aún no están en firme y el Gobierno pretende tomarse más de cuatro meses para concretarlos.

Estos serán llevados a una consulta inclusiva con los actores y aliados de la lucha contra la corrupción, con quienes se pretende pulir el documento.

Para abril de 2022 se tiene previsto empezar a ejecutar la estrategia de la política pública anticorrupción, cuya ejecución estará a cargo de la Comisión Nacional Anticorrupción del Gobierno, que también pretende crear Guillermo Lasso. “La comisión deberá cooperar con las funciones del Estado para actuar conjuntamente. Propondrán normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto público y planteará acciones anticorrupción”, argumentó Lasso.

Esta mesa estará conformada por los titulares de las cinco funciones del Estado, de la Fiscalía General, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.

Adicional, también la integrarán en calidad de observadores, con voz y voto, los representantes del Servicio Nacional de Compras Públicas, Unidad de Análisis Financiero y Económico, SRI, Superintendencias, sociedad civil, universidades, medios de comunicación y otros gremios. Una comisión con mayoría gubernamental. Lo que para Víctor Granda, catedrático universitario, es una idea equivocada del presidente Lasso. “La comisión no puede estar conformada por los mismos funcionarios públicos, porque ellos podrían ser investigados por sus acciones”, expresó Granda.

Durante el anterior Gobierno, en 2019, se creó la Secretaría Anticorrupción y en 2020 se suprimió por pedido de los entes de control y judicial que alegaban interferencias en las investigaciones que se llevaban a cabo.