Reforzados. Los jueces, fiscales y los organismos de control tienen desde hoy una nueva herramienta legal para la lucha contra    la corrupción. Al menos, en teoría. Desde este 17 de agosto entra en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal  (COIP) en materia de Anticorrupción.

Con 25 artículos reformatorios al COIP que, además  incluyen la tipificación y sanción de tres nuevos delitos en lo referente a la administración pública con alcances al sector privado; también se introducen reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE).

La nueva normativa fue publicada el miércoles 17 de    febrero de    2021, en el Segundo Suplemento No. 392 del Registro Oficial(RO). Aunque se dio un plazo de 180 días (seis meses) para que las instituciones involucradas en su ejecución se prepararen, no todas han capacitado a su personal sobre el tema con antelación.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional recién está    coordinando una capacitación especializada sobre la nueva Ley para el mes de septiembre, la cual contará con la participación de jueces especializados en temas de anticorrupción manteniendo un enfoque multidisciplinario, según informó la entidad a EXPRESO.

También se tiene establecido el desarrollo del curso Delitos contra la Administración Pública, que tendrá un alcance a escala nacional para fiscales, secretarios, asistentes y servidores de dirección y unidades especializadas.

En el ámbito judicial no hay diferencia. Jueces consultados por este Diario señalan que tampoco han recibido  alguna capacitación al respecto.

La nueva Ley trae consigo además el Subsistema Nacional de Contratación Pública que estará conformado por todos los organismos y entidades que efectúen control gubernamental, en relación con cualquier actuación y contratación efectuada al amparo de la Ley. Entre otras, la conformarán la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las superintendencias acordes a la materia.    Lo que se busca es ejercer un mayor control en contrataciones con el Estado, especialmente en declaratorias de emergencias o estados de excepción, las que serán consideradas como circunstancias agravantes en la sanción, en caso de detectarse algún delito.

EN DETALLE

EN CONTEXTO

La nueva Ley Anticorrupción fue aprobada por la anterior Asamblea Nacional, en el contexto de las denuncias de corrupción en contrataciones públicas que comenzaron a surgir tras la emergencia sanitaria que fue decretada en marzo de 2020 en el país, por la pandemia de COVID-19.

NUEVOS DELITOS

Dentro de la nueva ley se crea el delito de obstrucción de la justicia (interferir ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales). Además, actos de corrupción del sector privado y sobreprecios en la contratación pública, dirigidos especialmente a proveedores del Estado.

LA CONTRALORÍA

La Contraloría General del Estado (CGE) reformó su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, con el fin de aplicar lo dispuesto en la Ley Anticorrupción, la que dispone a la entidad la emisión de informes de pertinencia para las contrataciones en el sector público.